SANTIAGO.- "La presentación de esta demanda pone sobre la mesa un problema que existe, que el Gobierno sabe que está y que nosotros hemos tratado de solucionar, y si hemos recurrido a tribunales es porque no tuvimos ninguna respuesta".
Así explicó ayer el rector de la UC, Ignacio Sánchez, por qué a las 8:30 am los abogados del plantel habían interpuesto una demanda contra el Estado, acusando que con el Presupuesto 2017 se incumplió una ley vigente: la que obliga a entregar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que premia a los planteles que captan a los mejores alumnos en la PSU.
Según consigna
"El Mercurio", el rector Ignacio Sánchez aseguró que conversó con las autoridades pertinentes sobre el déficit de $1.700 millones que le generó la pérdida del AFI, y la no compensación que sí tuvieron las otras universidades del Consejo de Rectores.
Mientras, el Mineduc -a través de una minuta- informó que "terminar con la asignación del AFI es una medida consistente con los esfuerzos de la reforma". Y aseguró que se estaba trabajando en la redistribución de recursos para crear una "línea de fondos competitivos" para planteles como la UC, y que el rector sabía de esto.
Poco después de que se diera a conocer la demanda, llegó el apoyo de las universidades del G9 -las no estatales del Consejo de Rectores- y de las privadas.
"Los medios utilizados por la UC son los que hoy tienen a su alcance", dijo Diego Durán, rector de la UC del Maule. Añadió que su plantel no descarta sumarse a la iniciativa de la UC, pero es un tema que abordarán este mes con el Consejo Superior.
El rector de la UC de Valparaíso, Claudio Elórtegui, sostuvo que su equipo jurídico está analizando la demanda, para ver si se pliegan. Añadió que la acción legal se entiende pues "responde a una motivación que compartimos, que es la molestia y el rechazo al Presupuesto 2017".
En tanto, desde la U. Adolfo Ibáñez plantearon que "compartimos la inquietud respecto de que el Gobierno haya eliminado el AFI en una decisión administrativa". El rector Andrés Benítez agregó que "si vemos méritos y es necesario, podríamos llegar a sumarnos, pero en la medida de que esto sea una acción de verdad, que estemos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias y no se acabe en una negociación".
Quien también estudiará sumarse a la demanda es la U. del Desarrollo. El rector Federico Valdés asegura que lo ocurrido con el AFI "es un anticipo de lo que podría pasar si el Estado tuviese más injerencia en el financiamiento de las universidades".
Valdés interpreta que Sánchez tomó la decisión pues ve "que es la primera de muchas posibles discriminaciones de las que pueden ser víctimas, y su decisión pretende parar este tipo de acciones antes de que lo pasen a llevar nuevamente".
El rector de la U. Mayor, Rubén Covarrubias, también dice que estudiarán sumarse a la demanda. Y asegura que la decisión de la UC, "era predecible, por cuanto para nadie era un misterio que el gobierno cometió un acto de ilegalidad evidente" al no incorporar los recursos del AFI.
