SANTIAGO.- "La línea investigativa que estamos siguiendo es por un hecho de carácter terrorista", dijo ayer el fiscal regional Sur, Raúl Guzmán, tras 24 horas de diligencias desde la explosión que afectó al presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, en su domicilio en La Reina, luego de recibir un paquete que simulaba ser un regalo, pero que resultó ser una bomba.
La misma calificación jurídica será invocada por el Gobierno en la querella que deberá concretarse en las próximas horas a través de la Unidad Jurídica del Ministerio del Interior, según anunció el subsecretario de Interior y Seguridad Pública, Mahmud Aleuy.
Ello significa, específicamente, que los responsables del atentado serán sancionados con penas establecidas en la Ley 18.314, que castiga a todos quienes actúen "con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, o porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias".
Según detalló a Emol el abogado penalista Juan Pablo Hermosilla -quien estuvo a cargo de coordinar la comisión de estudio de la Ley Antiterrorista en 2014- al invocar esta ley "se establece una especie de estatuto especial de investigación en el que se disminuye el umbral de protección de garantías del imputado y se aumentan las facultades de investigación por parte del Ministerio Público".
"Esto tiene que ver en cuanto a plazos de detención, lugares de detención, a quiénes se puede investigar y la identidad de los testigos, que podría ser mantenida en reserva", agregó, detallando que "por ejemplo, si se detiene a una persona, se puede ampliar el plazo hasta en diez días con autorización previa del juez de garantía".
Al mismo tiempo, agregó, "se accede a la posibilidad de ciertas medidas intrusivas de mayor envergadura a las normales, como interceptar las comunicaciones de los sospechosos o cuando las personas están sujetas a regímenes de detención, al monitorio de sus comunicaciones".
Con respecto a las penas, Hermosilla explicó que al invocarse la ley 18.314 "significa, eventualmente, una pena mayor a las penas normalmente asignadas a un tipo de acción determinada".
En este escenario, especificó, en el caso del atentado a Landerretche, los responsables arriesgan condenas que van desde los cinco años y un día de presidio efectivo hasta presidio perpetuo.
"Estamos frente a un posible de delito de envío de material explosivo, pero además, si se es real el documento que apareció donde se reivindica el ataque, entonces ahí -expresamente- se establece que hay una intencionalidad terrorista", argumentó el penalista, enfatizando que "el tenor de esa publicación es amedrentar a los entes que dañan el planeta y producir una amenaza concreta".
