SANTIAGO.- Ayer, el presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, aseguró que el delito de incendio que por estos días persigue con insistencia el Ministerio Público, es un ilícito muy difícil de probar.
Ello, porque las pruebas para acreditar la participación de un imputado en los hechos -muchas veces- podrían verse afectadas por la naturaleza del siniestro.
Específicamente, según explica a Emol el abogado penalista Juan Pablo Hermosilla, "porque la acción del fuego va destruyendo las huellas que normalmente permiten identificar al hechor".
"El delito de incendio es es un ilícito de destrucción que implica -en ocasiones- que se van quemando y desapareciendo las pruebas. Por eso en oportunidades no es fácil determinar el origen del fuego, en qué lugar empezó", detalló, reiterando que la acción destructiva de las llamas "va borrando muchos de los rastros que podrían establecer si fue intencionado o no".
Eso sí, aseguró, "hay que tener presente que en algunos casos pueden haber pruebas testimoniales o pruebas periciales -desde el punto de vista criminalístico- que logren determinar dónde y cómo se iniciaron las llamas, lo que podría acreditar ante un tribunal, la participación de una persona".
Por ello, recalcó, "no hay que tenerle susto a la dificultad, a veces acreditar un homicidio o una estafa, es difícil, pero el sistema debe ser capaz de producir la evidencia" que fundamente la convicción de la fiscalía sobre la responsabilidad del sospechoso, agregando que ello debe estar acompañado de "recursos para tener evidencias científicas adecuadas para el tipo de delitos".
Sobre las penas que arriesgan quienes cometen este tipo actos, Juan Pablo Hermosilla señaló que se trata de condenas "bastante elevadas que fácilmente alcanzan las penas de crimen", es decir, presidio mayor en su grado mínimo que implica 5 años y un día de cárcel efectiva.
"Y en caso de producirse muerte, estas penas pueden llegar -incluso- a los máximos del sistema penal, esto es, presidio perpetuo. Por lo tanto, es un delito extraordinariamente grave porque afecta la seguridad colectiva -además- de algún otro interés individual", argumentó.
Por último, aseveró que en torno a los incendios que azotan la zona centro sur del país, es importante establecer si existió o no dolo en el actuar de los supuestos responsables, ya que si se trata de un delito doloso -es decir, hubo la intención de provocar daño- las condenas son mayores, sin embargo, cuando se trata de actos culposos -sin el ánimo de dañar- éstos se castigan excepcionalmente con penas más bajas que no implican el cumplimiento efectivo de cárcel.
Ayer, en tanto, la fiscalía reveló que existen 285 causas vigentes por incendios forestales a lo largo del país, de las cuales 105 corresponden a la región del Biobío.
