"Yo creo que la absoluta decisión de quitarles las pensiones, al menos, debiéramos revisarla, porque es un costo tremendo para el Estado de Chile", señaló el parlamentario del PPD, cuyo padre fue asesinado en 1982.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- El diputado PPD Tucapel Jiménez, ex presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, criticó este lunes las altas pensiones que reciben algunos de los militares (r) condenados por delitos de lesa humanidad y que están presos en Punta Peuco.
"Yo creo que la absoluta decisión de quitarles las pensiones, al menos, debiéramos revisarla, porque es un costo tremendo para el Estado de Chile lo que cuesta mantener a un preso. Cualquier interno hoy día cuesta $600 mil y en Punta Peuco entiendo que es mayor ese costo. Por lo menos, con ese nivel de pensiones millonarias debieran pagarse ellos su estadía en Punta Peuco", explicó.
El parlamentario –que participó en una presentación de un sector del Parlamento alemán sobre Colonia Dignidad, hoy Villa Baviera-, es hijo del ex presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) Tucapel Jiménez Alfaro, quien fue brutalmente asesinado en febrero de 1982 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE).
El diputado añadió que a su juicio es "tremendamente injusto porque ellos (los militares) tienen un sistema de reparto diferente al que tiene la mayoría de los chilenos, que tu cotización del 10% te pertenece y ellos la mayoría del porcentaje de su pensión la aporta el Estado. O sea se da la paradoja de que las víctimas estamos financiando las pensiones de los victimarios".
Asimismo, criticó que dos proyectos de ley sobre esta materia se encuentren "durmiendo" en el Congreso Nacional y culpó a los "diputados de la bancada militar" de impedir que este tipo de iniciativas avance.
"Hay diputados que aún tienen la lógica de que los ex militares que están en Punta Peuco son los salvadores de la Patria, hay otros que les llaman presos políticos. En este sentido es bien difícil avanzar, porque ellos hacen todo lo posible para dilatar estos proyectos", dijo.
"Nos pasó, por ejemplo, con el proyecto de negacionismo que estaba aprobado en la comisión de Derechos Humanos y en Sala uno de los diputados de la 'bancada militar' que se hace llamar, pidió que se fuera a la comisión de Constitución, donde lleva tres años y lo hacen morir", aseveró.
Quien también participó de esa presentación fue la subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Fries, quien explicó que "se puede hacer algo", en esta materia, "el punto es que hoy día hay una imposibilidad legal y constitucional respecto al tema de las pensiones".
Pero, agregó, "hoy el Parlamento tiene dos proyectos de degradación. Por lo tanto, eso seguirá su curso y será parte de un debate nacional, en el marco de la discusión de las pensiones, porque en Chile hay dos sistemas de pensiones y eso tiene que ser objeto de debate".
Consultada por si el Gobierno está haciendo algo para cambiar dicha situación, la abogada explicó que "estamos con una agenda bastante apretada por ahora".
"Me interesa que la prioridad se la estamos dando al proyecto de ley que levanta el secreto de los 50 años a los antecedentes Valech, que nos parece que es un forma de avanzar justamente en evitar toda forma de impunidad", aseveró.
"Luego hay un proyecto de inclusión de desaparición forzada en el Código Penal y, finalmente, hay proyectos sobre imprescriptibilidad sobre delitos de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad. Si se abre un margen para esto estudiaremos la situación", manifestó.
