SANTIAGO.- Junto con otorgarles un marco jurídico y consagrar su misión y el rol del Estado con ellas, el proyecto especial para las 18 universidades estatales –que firmó hoy la Presidenta Michelle Bachelet e ingresará en las próximas horas al Congreso–, incluye también cambios en el financiamiento, gestión y los controles a las que hoy están sometidas.
Financiamiento: Fondo permanente y otro especial para revitalizarlas
En el financiamiento, se contempla un plan para fortalecer esas instituciones, que se implementará en un lapso de diez años, y que está enfocado en potenciar sus planes de desarrollo y ampliar su oferta académica. El rector Luis Loyola, presidente (s) de las universidades estatales, detalló que, en la práctica, "eso nos va a permitir ampliar nuestra matrícula, y para eso necesitamos mejor infraestructura y mejores recursos humanos".
Para financiar este plan, se solicitará un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "Se compromete al Gobierno a conseguir los recursos para eso, y los recursos están solicitados a través de un préstamo BID", indicó el rector Loyola.
Esto fue reafirmado por la diputada Camila Vallejo, miembro de la Comisión de Educación, quien indicó que el monto de ese préstamo lo conocerán una vez que ingrese el proyecto al Congreso, en su informe financiero. "Y ahí, obviamente, va a haber una discusión de si es suficiente o no, y si se puede más", señaló. Dijo esperar que ese fondo "sea usado para mejorar infraestructura y ampliar matrícula, sobre todo en las universidades de regiones".
En paralelo, se incluye un fondo permanente para las universidades estatales, que amarra por ley los recursos que hasta ahora se entregan vía Ley de Presupuesto, a través del "Convenio Marco", el que además tendrá un piso mínimo, a partir del cual se podrán ir aumentando esos recursos.
"(La idea es) asegura por ley que las universidades del Estado tendrán un financiamiento, cuyo monto podrá establecerse –cómo crece y se desarrolla– en la Ley de Presupuesto, pero que tiene un piso básico que está establecido en la ley, que nunca ningún Gobierno podrá tener un aporte económico a las universidades del Estado menor al que se estableció en 2016", afirmó la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
Reduce carga burocrática: Se elimina trámite ante Contraloría
El proyecto también contempla medidas para alivianar los procedimientos burocráticos que hoy las rigen al ser entidades públicas, y de esa forma agilizar su gestión.
Así, se establece un régimen especial de compras públicas en los casos que se relacionen con su actividad educativa, como la compra de libros o materiales.
También se eliminará la toma de razón de la Contraloría General de la República para la mayoría de sus actos administrativos. Y se creará una "Contraloría Universitaria", que controle la legalidad de sus actos administrativos y audite sus recursos de la institución.
Delpiano explicó que el objetivo de estas medidas es que "disminuyan muchos pesos burocráticos que las universidades tenían para poder actuar en el mundo de las universidades".
Consagra su misión: Laicas y con libertad de cátedra
La iniciativa además define a las universidades estatales y explicita su misión, señalando que deberán "generar y transmitir el saber superior" y "satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad, con una vocación de excelencia".
También establece que son autónomas para establecer su funcionamiento interno, estatutos y planes de estudio, aunque esto debe fundarse en los principios de "pluralismo, libertad de pensamiento y expresión, libertad de cátedra e investigación, laicidad, participación, no discriminación, excelencia, inclusión, equidad, transparencia y colaboración".
Explicita además cuál será el rol del Estado con ellas, indicando que será el "responsable de fomentar la calidad de sus universidades, bajo criterios de excelencia, equidad territorial y pertinencia de la oferta académica, de acuerdo a las necesidades e intereses del país".
Sistema de gobierno universitario
En cuanto a la gobernanza de los planteles estatales, el proyecto establece que, junto al rector, que es la máxima autoridad y representante legal de la institución, habrá un consejo superior, que deberá definir las estrategias a largo plazo de la universidad; y un consejo universitario, que represente a los distintos estamentos de la institución (académicos, funcionarios y estudiantes).
También deberán contar con una carrera académica para sus docentes, que sea transparente y se base en la excelencia; y una carrera funcionaria para el personal no académico.
Colaboración: Se articularán en red y trabajarán en forma coordinada
El proyecto también promueve el trabajo coordinado y la colaboración entre las universidades del Estado, fomentando su vinculación con el territorio. Para eso, se crea un Consejo de Coordinación de esos planteles, para facilitar su acción en forma articulada. "Lo que más queremos favorecer es la cooperación, y que ya no se trate de competir una universidad con otra", destacó Delpiano.
