SANTIAGO.- Una verdadera "guerra del huiro" ocurre hace algunos años en el norte del país, producto de la creciente demanda de este tipo de alga y su sobreexplotación para la fabricación de productos higiénicos, cosméticos y alimenticios.
La extracción indiscriminada del alga parda, sobre todo en la Región de Antofagasta, ha generado daños importantes al ecosistema marino de la zona, principalmente porque recolectores y pescadores ilegales sacan el recurso desde su raíz, lo que está prohibido en el país.
Los hechos fueron confirmados por Marco Soto, director zonal de Pesca y Agricultura de las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta. "Lo que está pasando es efectivo", señaló la autoridad a Emol, que responde a la Subsecretaría de Pesca, y detalló los mecanismos con los que el Gobierno está enfrentando la sobreexplotación del huiro.
Evitar el "blanqueamiento"
En primer lugar, explicó que desde 2013 la Subpesca implementa un Plan de Manejo de este recurso, elaborado por un comité público-privado.
"La idea es que en las pesquerías de algas pardas se trabaje en forma sustentable. Para eso tenemos una veda extractiva del recurso algas pardas en las regiones de Antofagasta, Tarapacá y Arica y lo que hace es autorizar solamente lo que vara naturalmente", precisó. En ese sentido, se prohíbe la práctica del barreteo (extracción de la planta desde su disco) y el sesgado (corte del alga).
"Los recolectores no van a poder sacar más de cinco toneladas de alga seca al mes. Antes de esta resolución, había personas que declaraban mensualmente 30, 40 y 50 toneladas de alga seca"
Marco Soto
Para esto, la autoridad estableció una Nómina de Participantes del Plan de Manejo de algas pardas, un grupo de personas que, si cumplen ciertas condiciones, pueden recoger legalmente el huiro varado en las costas.
Los requisitos para integrar esta lista son estar inscrito el Registro Pesquero Artesanal (RPA) del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) en el ítem de algas y haber operado en estas maniobras previo a la instauración del Plan de Manejo.
El director zonal de la Subpesca detalló que de los cerca de dos mil buzos y recolectores inscritos en este registro en la Región de Antofagasta, un total de 900 pudieron postular a la Nómina de Participantes. En Tarapacá fueron cerca de 500.
Cada uno de los participantes de este listado tiene un tope en la cantidad de alga extraída que pueden declarar a la autoridad. "No van a poder sacar más de cinco toneladas de alga seca al mes. Antes de esta resolución, había personas que declaraban mensualmente 30, 40 y 50 toneladas de alga seca", explicó Soto.
Esta cantidad, según el director zonal, es "imposible del punto de vista humano" y se explica debido al "blanqueamiento" de las algas extraídas ilegalmente: los recolectores inscritos hacían pasar por suyas las algas extraídas ilícitamente por pescadores no inscritos.
"De esa forma nosotros estamos enfrentando ese problema que realmente existe y para que el recurso de algas pardas se sustente en el tiempo", manifestó.
Asegurar la sustentabilidad
Adicionalmente, el año pasado se aprobó la Ley de Incentivo para el Repoblamiento y Cultivo de Algas, que le devuelve hasta el 70% de la inversión a las organizaciones pesqueras que cultiven algas o comiencen a repoblar el mar con este recurso.
70% de la inversión es devuelta al pescador a través de la Ley de Incentivo para el Repoblamiento y Cultivo de Algas
"Esta ley se implementó recién este año, quedaron alrededor de 150 organizaciones. Lamentablemente en esta región (Antofagasta) ninguna cumplió los requisitos para poder postular", comentó.
Con este mismo objetivo, en la zona se están realizando proyectos con distintos fondos (Fondo de Administración Pesquera, Fondo de Innovación para la Competitividad) y "estamos trabajando justamente el tema del cultivo y repoblamiento con diferentes organizaciones de pescadores acá en las regiones de Antofagasta y Tarapacá", dijo Soto.
Asimismo, el Gobierno se encuentra en proceso de diseñar una Política Nacional de Algas, que entregará los lineamientos y orientaciones para que el trabajo de este recurso se haga de forma sustentable.
"Ya estamos terminándola y obviamente esa política de algas tiene que dar cuenta de las diferentes realidades que tiene Chile. Chile es un país largo, y la política tiene que demostrar esas diferencias", sentenció.
Fiscalización en tierra y mar
El control del cumplimiento de todas estas medidas, tanto en tierra con el cuoteo de algas y en el mar con la extracción del huiro, lo hace el Sernapesca, junto a la Armada y Carabineros.
300 UTM es la multa máxima que arriesgan quienes incumplan la ley
En el caso de la veda, Soto explicó que tanto el recolector del alga como la empresa que se las compra, deben declarar las cantidades al organismo, tras lo cual se hace un cruce de datos para verificar que el pescador no está extrayendo más de lo que declara.
En el mar, estas tres instituciones fiscalizan las labores pesqueras de forma constante, sin embargo, el director zonal de la Subpesca aseguró que "los recursos y funcionarios no son tantos como para estar todos los días".
De todas formas, quienes incurran en la recolección del huiro sin estar en el RPA arriesgan multas de entre 1 y 150 UTM ($46.600-$7 millones aprox.), mientras que quienes lo transporten o comercialicen podrían ser sancionados con entre 3 y 300 UTM ($140 mil-$14 millones, aprox.).
