El Mineduc presentaría indicaciones al gobierno universitario y la carrera funcionaria en planteles estatales.
Emol
SANTIAGO.- A poco de que se vote el proyecto de universidades del Estado en la Comisión de Educación de la Cámara, el Gobierno entregó a esos planteles y a parlamentarios un documento que incluye indicaciones que el Ejecutivo pretende presentar para mejorar la iniciativa, que ha generado reparos tanto en los rectores como estudiantes.
Así, y tal como se adelantó la semana pasada, se permitirá que las universidades cuyos estatutos sean posteriores al 11 de marzo de 1990 –U. de Chile, U. de Los Lagos y UTEM– "no tengan la obligación de reformar sus estatutos y estructuras orgánicas (...) en la medida que propongan al Presidente de la República un mecanismo institucional permanente que asegure la participación y la corresponsabilidad del Estado en la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional y del presupuesto de la universidad".
Esto permitiría que la U. de Chile mantenga sus estatutos y no se le imponga el mismo sistema de gobierno universitario que a los otros planteles estatales.
También el documento plantea cambios al gobierno universitario que regirá para el resto de las universidades estatales.
Aquí, se modificará la composición del Consejo Superior: De esa forma, habrá tres representantes del Presidente de la República; cuatro de la universidad (dos deben ser académicos y los otros dos pueden representar a los funcionarios y estudiantes); el rector; y un profesional de destacada trayectoria, con un vínculo con la región y egresado de la respectiva universidad.
Así, cinco de los nueve miembros del Consejo Superior serían representantes directos de la universidad. El Consorcio de Universidades Estatales había solicitado que la composición de ese organismo garantizara que los miembros externos no tuvieran poder de veto.
Además, el Consejo Universitario –que representa a los tres estamentos de la comunidad universitaria– ejercerá funciones consultivas, pero también "resolutivas, en las materias relativas al quehacer académico e institucional de la universidad", por ejemplo aprobar la creación de títulos y grados académicos, y el reglamento general de estudios.
Por último, se mantendrá el régimen jurídico del Estatuto Administrativo para los funcionarios administrativos de la universidad, eliminando la facultad de cada universidad para que establezca un reglamento de carrera funcionaria.
En el documento no se hace mención al financiamiento de las universidades estatales, aspecto que también es demandado por los rectores.
