SANTIAGO.- La "bala loca" que hirió y mantiene grave a un menor de tres años en Limache y las balaceras de las últimas semanas en La Legua Emergencia, reflotaron el debate de la tenencia de armas por parte de personas que han sido condenadas, lo que está prohibido por ley.
"Hay armas que están en poder de condenados, y no se les ha anulado el permiso para portarlas", dijo el sábado el subsecretario del Interior y Seguridad Pública (s) Mario Ossandón, a propósito de lo ocurrido en dicha población de la comuna de San Joaquín.
Estos hechos han llevado a varios diputados, en particular quienes representan a las comunas en las que ocurrieron estas balaceras e integran la comisión de Seguridad Ciudadana, a expresar sus críticas al hecho de que condenados posean armas a su nombre.
Uno de ellos es el parlamentario Arturo Squella (UDI), que representa a Limache, quien calificó lo ocurrido al menor como un hecho como de "máxima gravedad" y envió su apoyo a la familia.
"Respecto del hecho, creo que no corresponde levantar hipótesis antes de tener el resultado de la investigación. Más aún, tal como se ha visto en algunas declaraciones, no corresponde estigmatizar a las poblaciones aledañas", opinó.
Pero, junto con lo anterior, expresó a Emol que "más allá del caso del niño, es evidente que buena parte del acceso que tienen los delincuentes a las armas, está relacionado al narcotráfico y por lo mismo, creo que es fundamental darle todo el respaldo necesario a nuestras policías para que puedan enfrentar con fuerza a las bandas dedicadas a la droga".
Sobre la tenencia de armas, Squella sostuvo que "la Ley de Control de Armas es clara, las personas condenadas e incluso en ciertos casos sobre quienes pesa una medida cautelar, pierden los requisitos de inscripción para la tenencia de armas, por lo que la Dirección General de Movilización Nacional debe, de oficio, cancelar su inscripción".
"Yo esperaría que dicho proceso, al menos en el caso de los condenados, opere en forma automática, teniendo integrada las bases de datos con mecanismos continuos de actualización", afirmó.
"Falta grave"
Por su parte el diputado por San Joaquín, Ramón Farías (PPD), explicó que "hay una falta grave" de parte de las autoridades, en lo que respecta a la fiscalización.
"Yo no sé a quién corresponde exactamente dar las órdenes respectivas para anular esos permisos a personas condenadas, si a los jueces o al Registro Civil. Pero lo que sí tengo claro es que hay una falta grave que han cometido las autoridades en ese sentido", dijo a Emol.
Sobre la fiscalización de las armas por parte de Carabineros, el parlamentario restó responsabilidad a esta institución, porque, a su juicio, "no pueden saber si hay armas dentro de una casa. Veo difícil que pueda haber una fiscalización".
"Aquí hay un problema del sistema que no está arrojando las alarmas para decir, 'éste señor fue condenado y no puede tener un arma', y si esa luz roja le aparece a Carabineros o no.. De lo contrario, cómo saben que hay armas", sostuvo.
"Debiesen actuar"
Mientras que la diputada RN Marcela Sabat, miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana, explicó a este medio que si se sabe quiénes son los que tienen permiso y sus domicilios, las autoridades "debiesen actuar".
"Ello no implica que se creen procedimientos más ágiles y eficientes para caducar estos permisos, y por cierto se dé operatividad a dicha resolución. En el fondo que exista la capacidad operativa por parte de la autoridad para sacar esas armas de circulación", añadió.
Consultada de si Carabineros tiene culpa ante esta tenencia de armas de manera legal por parte de sujetos condenados por delitos, sostuvo que ello "dependerá de si hubo o no resolución u oficio por parte del juez".
Las medidas
En tanto, el próximo 20 de octubre, se iniciará la implementación de una serie de medidas al interior de la población La Legua Emergencia, con el fin de terminar con las peligrosas balaceras.
Entre ellas habrá mayor iluminación de los pasajes y la apertura de pasajes para que las policías puedan transitar, pues éstos últimos son angostos y cortos, lo que pone problemas a la hora de realizar operativos.
También se revisará la normativa que regula el control de las armas. Para ello, el subsecretario anunció que esta semana se reunirían los equipos jurídicos de Defensa y de la subsecretaría del Interior para revisar diversos aspectos de esta ley.
