Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia.
El Mercurio
SANTIAGO.- El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago,
condenó hoy la destrucción de los archivos que manejaba la ex Central Nacional de Información (CNI) entre los años 1980 y 1982, como también la inexistencia de antecedentes de inteligencia y contrainteligencia anteriores al año 2001.
La eliminación de dichos documentos que contenían información sobre la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, se conoció este jueves tras difundirse en la prensa un informe del Ejército de Chile en el que
se admite la quema de los archivos y, a su vez, la inexistencia de actas de incineración.
Según consignó la investigación interna realizada por la institución castrense, tampoco se encontraron "pruebas físicas de su existencia y, de haber existido, no se ha podido determinar su lugar de archivo, eventual microfilmación, personas que intervinieron en ello, circunstancias y pormenores de su confección, catalogación, archivo, y destrucción".
A juicio de Drago, este hecho "representa una grave vulneración al derecho de acceso a la información de todos los chilenos y destapa una seria y reprochable conducta por parte de quienes eran responsables de resguardar antecedentes de carácter público y que pertenecen a toda la sociedad. Es un hecho que atenta contra la memoria histórica de Chile", comentó.
Además, el presidente del organismo de transparencia afirmó que el pasado 10 de noviembre envió un oficio al Comandante en Jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, solicitando que "informe la veracidad" de lo ocurrido, a raíz de un reportaje publicado en el periódico estadounidense "The New York Times", que dio cuenta de la destrucción de documentos de la ex CNI.
En dicho oficio, se señaló que de ser efectivos estos hechos "ello podría generar un obstáculo insalvable para el ejercicio del derecho de acceso a la información".
Por último, Drago recalcó que el Consejo para la Transparencia está a la espera de la respuesta de dicha institución y añadió que "es deber y obligación de los organismos públicos resguardar, custodiar y proteger la información que está en sus manos".
