SANTIAGO.- Comenzó con el copy-paste y continuó con la investigación al presidente del Senado, Andrés Zaldívar. Son los casos que estos últimos meses tienen frente a frente a la fiscalía y la Cámara Alta.
Este miércoles La Tercera publicó que el legislador DC está siendo investigado como imputado en una causa por presunto tráfico de migrantes y cohecho, la que pudo rastrearse con la intervención de su teléfono.
Este diligencia del Ministerio Público provocó que los senadores cerraron filas en torno a Zaldívar, rechazaron en forma transversal -desde la UDI a PAIS- las escuchas telefónicas y la filtración de los antecedentes de la indagatoria.
Tras ello, anunciaron que se plegarán a las acciones legales que puedan impulsarse, aunque aseguraron que esta voluntad no constituye una "defensa corporativa".
Además emplazaron al fiscal nacional, Jorge Abbott, a pronunciarse sobre este este nueva batalla la filtración a la prensa de la investigación que recae sobre el parlamentario DC.
La respuesta del Ministerio Público llegó este jueves, de parte de la fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, Ximena Chong, quien defendió la diligencia.
"No existen limitaciones a la labor de investigación que tiene que realizar el Ministerio Público, que por lo demás es un deber de carácter constitucional", sostuvo.
"No existe respecto de los senadores, sino sólo el fuero para efectos de ser necesario una actuación de desafuero en el evento de que se quieran solicitar medidas cautelares. Esa es la única prevención que la norma expresa en relación con un senador de la República", argumentó.
La respuesta de la persecutora tuvo repercusiones. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, aseguró que "muy grave que se intervenga con relativa facilidad el teléfono del presidente del Senado".
Copy-paste
Pero fue el denominado caso copy-paste la génesis de los conflictos que han enfrentado al Senado con la Fiscalía. Este último indaga presuntas irregularidades en el pago de asesorías parlamentarias que contienen copias textuales de trabajos sin citar, y por los que se pagaron altas sumas de dinero.
Este se remonta al pasado 5 de septiembre, cuando el fiscal regional metropolitano, Manuel Guerra, confirmó que se solicitó al Senado todos los contratos de asesorías de parlamentarios con el fin de analizarlos y así determinar un eventual delito por fraude al fisco.
Lo anterior luego de que diversos medios de comunicación revelaran que un gran número de asesores parlamentarios plagiaron desde sitios web, medios de comunicación, incluso información emanada gratuitamente por el Congreso.
Aquí nuevamente resaltó la figura del presidente del Senado, Andrés Zaldíval, pues dicha solicitud fue cuestionada inmediatamente por el congresista DC.
En esa oportunidad fue el propio parlamentario quien se comunicó con el fiscal Abbott, para transmitirle su inquietud, pues la diligencia podría haber afectado a legisladores que no habían contratado las mencionadas asesorías.
La lupa de la fiscalía sobre el Senado ha hecho que ambos protagonicen un cruce de declaraciones, que hoy tuvo un nuevo capítulo con las críticas a las escuchas telefónicas.
