SANTIAGO.- Un vuelco total dio el pasado jueves la denominada "Operación Huracán".
Y es que el Ministerio Público cerró sin pruebas dicho caso y abrió una causa por posibles pruebas falsas contra Carabineros.
Lo anterior, debido a que los peritajes de la Fiscalía revelaron que las conversaciones en WhatsApp y Telegram que supuestamente incriminaban a los involucraros, utilizadas como principal prueba que demostraba que los ocho comuneros mapuches -entre ellos el líder de la CAM,
Héctor Llaitul- supuestamente se coordinaban para quemar iglesias y maquinarias en La Araucanía, pudieron haber sido implantadas por el personal de Inteligencia de la institución policial.
Así, el informe de la Fiscalía indicaba que existían inconsistencias en las pruebas aportadas por la policía uniformada, motivo por el cual desde el organismo persecutor estimaron que esto podría configurarse como un delito.
Esto fue el germen de la nueva indagatoria por los presuntos delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción de la investigación, que tiene su foco en Carabineros.
En consecuencia, esta arista, según publicó La Tercera, se encuentra enfocada en 10 personas: cinco peritos del Laboratorio de Criminalística de la Institución (Labocar), cuatro efectivos del área de Inteligencia, y un civil que trabajaba estrechamente con estos últimos y quien habría inventado el sistema para interceptar conversaciones de WhatsApp y Telegram.
Todos estos sospechosos tendrían directa relación con la "Operación Huracán". Los peritos de Labocar fueron quienes emitieron los informes dando cuenta de que las conversaciones interceptadas efectivamente se encontraban en los teléfonos celulares de los imputados.
Los carabineros de Inteligencia, todos oficiales, fueron los que participaron activamente del operativo. Finalmente, el civil, de iniciales A.S.L., de profesión ingeniero agrónomo y apodado "el Profesor", habría entregado los insumos para permitir las interceptaciones.
Por esto, la mañana del viernes, la Policia de Investigaciones (PDI) realizó tres allanamientos: dos a dependencias de Carabineros y uno a la residencia del "Profesor". Lo que generó tensos momentos, pues la institución policial se opuso a la acción del Ministerio Público. Finalmente, el general director,
Bruno Villalobos, dio luz verde a la incautación.
