SANTIAGO.- Con incriminadoras conversaciones de Whatsapp como principal prueba, en las que ocho comuneros mapuches supuestamente se coordinaban para quemar iglesias y maquinarias en La Araucanía, Carabineros detuvo al líder de la CAM, Héctor Llaitul, y a los otros siete durante una tarde del pasado septiembre.
A las horas, el propio Llaitul y su hijo, también detenido, aclararon a través de un comunicado que su celular "no posee tal aplicación ni red social alguna" y que "todas estas supuestas conversaciones son de una falsedad absoluta, una creación e invenciones de agentes de inteligencia".
Un mes después, la Segunda Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de amparo de los ocho formalizados, determinando que faltaban fundamentos para justificar su participación en los atentados, y ordenó terminar con la prisión preventiva que cumplían, imputados por "asociación ilícita con carácter terrorista".
Pero este jueves, el caso dio un vuelco total cuando Fiscalía cerró sin culpables "Operación Huracán" y abrió una causa por posibles pruebas falsas, debido a que sus peritajes revelaron que las conversaciones por Whatsapp pudieron haber sido implantadas en los celulares por el personal de Inteligencia de Carabineros.
Lejos de tratarse de un fin, el hecho sólo ha agravado el carácter de la situación, con acusaciones cruzadas entre fiscalía y Carabineros, quienes afirman que "es preocupante que una investigación de ocho meses se pretenda cerrar con otra de tres semanas”.
La mañana del viernes, la PDI intentó allanar la Unidad de Inteligencia de Temuco, pero Carabineros se resistió a la diligencia con Fuerzas Especiales.
Aunque Fiscalía aclaró que, de encontrar antecedentes no contaminados, podría reabrir la investigación, el escándalo llega a golpear la confianza de la población en Carabineros, meses después del millonario fraude en la institución que se investiga en la Cámara de Diputados.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy dijo que no se queda con la versión de ninguna de las instituciones, pero que la que resulte responsable sufrirá un "costo muy alto". El gobierno, por su parte, que "de verificarse estos hechos, son tremendamente graves".
El derrumbe de la confianza
El diputado Leonardo Soto (PS), miembro de la comisión investigadora del fraude en Carabineros, califica la situación como “insólita” y “extremadamente grave”, pues considera que la crisis dejó de pertenecer al aspecto administrativo y financiero, y pasó a manchar “la gestión operativa y persecución policial”.
“Me parece muy difícil que sea la primera vez que se haga algo como lo que se está denunciando y sin duda daña la credibilidad todo informe anterior. La desconfianza ya queda instalada”, comenta el parlamentario a Emol, sugiriendo que, “junto con investigar a fondo” el caso, debieran “revisarse y periciarse todos los informes previos”.
"Hay una responsabilidad, a lo menos, política de la generación de generales que conforman el alto mando y del actual general director, Bruno Villalobos"
Leonardo Soto
Y sus críticas apuntan también a que la institución asuma responsabilidades por el hecho. “Hay algo que está fallando en toda la institución. Hay una responsabilidad, a lo menos, política de la generación de generales que conforman el alto mando y del actual general director, Bruno Villalobos”, comenta Soto.
“Si los jugadores juegan mal en todas las áreas, ya es hora de que se cambie el entrenador, porque sin duda es el modelo completo el que está haciendo aguas”, agrega.
Un problema complejo
Quien sabe sobre este tipo de situaciones es es el abogado José Antonio Villalobos, ex fiscal de Delitos de Alta Complejidad Oriente y miembro del estudio Farycia, quien sugiere, por ahora, tener prudencia, aunque advierte la gravedad del asunto.
“Me parece que debiesen esclarecerse completamente y en forma íntegra los acontecimientos que están ocurriendo, porque si se tratase de pruebas falsas, habrían sido creadas por una institución que, en estricto rigor, es seria", dice.
"Hoy no es posible ser tan tajante, quizás hay un poco de premura de la fiscalía en terminar la causa ante el tribunal, cuando puede que existan diligencias pendientes”, expone Villalobos.
Si las denuncias fueran efectivas, en cambio, dice que “pondrían todo en tela de juicio”. “Si se comprueba, la institución va a quedar nuevamente dañada en imagen pública, confianza con la fiscalía y credibilidad, no solo con la gente: también la de las pruebas que puedan aportarse en los tribunales”, complementa.
Aleuy y la responsabilidad en el Ejecutivo
“Con esto se termina de derrumbar toda la fe pública que había en Carabineros”, dice de entrada Diego Ancalao, presidente de la Fundación Instituto Desarrollo del Liderazgo Indígena, quien califica la situación como “de extrema gravedad”.
“Se han violado derechos constitucionales de personas y eso es absolutamente grave. No es una responsabilidad que el subsecretario Aleuy pueda endosar, porque no es un problema solamente de investigación judicial: es un problema político", expone.
"Carabineros y la ANI dependen de Interior. Aleuy dice que no hay que hacer juicios apresurados, pero ellos apresuradamente ordenaron a la policía tomar a personas con evidencias falsas”, añade Ancalao.
"Hay que buscar la verdad, aunque duela, y también averiguar si situaciones como éstas se han repetido con anterioridad"
Diego Ancalao
Para él, la situación podría empezar a resolverse en dos escenarios: “O las personas involucradas dan un paso al costado, asumiendo sus responsabilidades, o la Presidenta tiene que solicitar que renuncien. De lo contrario, no hay ninguna posibilidad de que el ciudadano común y el pueblo mapuche puedan tener algo de confianza en las instituciones, el gobierno y el Estado”, agrega.
Con ello, aclara, se refiere no solo al general Villalobos, sino a “todos los involucrados en fiscalía, la ANI e Interior”. “Hay que buscar la verdad, aunque duela, y también averiguar si situaciones como éstas se han repetido con anterioridad. Se detuvo a comuneros, sus caras fueron objeto de escrutinio público y hoy se demuestra que todo fue un montaje. Aquí hay responsables que deben asumir”, concluye.
Modernizar las instituciones
Para el senador electo por La Araucanía, Felipe Kast, la situación es "la punta del iceberg de un sistema que ha fracasado", por lo que resalta la importancia de realizar una profunda modernización a Carabineros.
"Y no solamente Carabineros, sino también su relación con la fiscalía y la importancia de poder tomarse en serio que la justicia y el Ejecutivo necesitan, en general, repensarse", afirma.
Por eso acusa que la situación es "tremendamente grave". "Es básicamente vulnerar el debido proceso y los derechos humanos de una persona", añade.
Quienes también se manifestaron fueron los propios camioneros, cuyas máquinas fueron quemadas y los ocho comuneros sindicados como principales sospechosos.
“Los hechos de violencia hasta ahora no tienen responsables, por lo mismo queremos justicia y reparación”, señaló la directiva de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile.
Por eso, solicitaron “a las autoridades responsables y los organismos persecutores que aclaren en forma urgente los hechos conocidos”.
