SANTIAGO.- A través de una auditoría, la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo del presupuesto asignado entre 2014 y 2017 al plan "Seguridad para Todos" de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
En el informe final, al cual tuvo acceso Chilevisión Noticias, se cuestionó el destino de parte de los 122 mil 300 millones 450 mil pesos asignados para el cumplimiento de 27 metas enfocadas a combatir la delincuencia.
Dentro de estas se encontraba el disminuir la victimización por los delitos de robo con violencia y con fuerza en la vivienda, puntos que finalmente no se concretaron.
En 2016, la Dirección de Presuspuestos (Dipres) del Gobierno inició una investigación para ver la eficacia del plan y, al año siguiente, lo hizo la Controlaría.
En esa línea, el ente fiscalizador indicó que "se identificó la ausencia de un instrumento que permita medir el grado de cumplimiento de cada meta comprometida en el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y Delito, que garantice un seguimiento efectivo y permanente de sus niveles de avance y estado de realización".
Así, concluye que para fines del año pasado, habían metas sobre las que "no se tiene evidencia de su estado de avance, por cuanto la entidad auditada no realiza la labor de coordinación con las demás entidades que participan en el plan señalado", y que la pasada administración no contaba con la documentación que daba cuenta del avance de 16 de ellas.
Lo anterior alude al inclumplimiento del 59% del total del plan, y con ello la puesta en duda del paradero del presupuesto asignado.
En respuesta a las inquietudes, la subsecretaría envió un correo a la Contraloría confirmando la inexistencia de "un documento formal que estipule el seguimiento del plan".
Por su parte, el ex subsecretario de Prevención del Delito, Óscar Carrasco (2016-2018), aseguró a dicho medio haber recibido, a nivel interno, los informes que daban cuenta de que la mayor parte de las metas comprometidas se cumplieron, pero reconoció que no existe un instrumento formal. Lo mismo señaló su antecesor, Antonio Frey (2014-2016).
Por su parte, la Contraloría también evidenció en el informe que en dicho periodo la victimización un aumentó en un 28% en cuanto a los delitos de robo con violencia e intimidación, y en un 42% sobre aquellos a la vivienda, contradiciendo así la eficacia de la principales metas del plan.
"No solamente no cumpliste tus metas, sino que entregaste el país peor de que lo recibiste y con cuatro veces más dinero", dijo a CHV el diputado y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jorge Alessandri, en base al aumento de presupuesto que tuvo el plan en el periodo analizado.
Favores políticos
En búsqueda de posible respuesta sobre el destino del dinero, el medio encontró contrataciones de profesionales y técnicos con carreras incompatibles con el servicio.
Ante esto, Frey indicó que "los favores políticos se pagan de manera transversal en todo el aparato estatal, yo no puedo hacerme responsable por un sistema político que distribuye los cargos".
Al preguntarle si es que en su cargo tenía la facultad de revisar la situación, aseguró que esto "se puede hacer, con un costo político muy grande", y que tuvo la oportunidad "de corregir las cosas", pero "no como yo quisiera".
Conocida la situación, la actual subsecretaria Katherine Martorell escribió a través de Twitter que "no vamos a tolerar que ni un solo peso destinado a la seguridad de todos los chilenos se desvíe a fines distintos que no sea la prevención del delito".
