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PC defiende acusación constitucional contra ministros de la Suprema: "El Parlamento debe ejercer su potestad fiscalizadora"

Desde la bancada acusaron que "resulta inconcebible pretender que la independencia del Poder Judicial significa, sea en la práctica, la imposibilidad de hacer efectiva la responsabilidad política" de los jueces por "notable abandono de deberes".

11 de Agosto de 2018 | 10:00 | Redactado por María Cristina Romero, Emol
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La bancada de diputados del PC.

El Mercurio/ Archivo.
SANTIAGO.- La bancada del Partido Comunista cuestionó la declaración hecha ayer por el Pleno de la Corte Suprema y defendió la acusación constitucional que buscan presentar diputados de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio contra los ministros de la Corte Suprema que aprobaron la libertad condicional contra siete condenados por crímenes contra los derechos humanos cometidos en dictadura.

Según indicaron desde el Pleno, dicha acción pone "en riesgo la autonomía indispensable para el desempeño de los jueces". Idea que también compartió ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien acusó que se trata de un "hecho grave desde la perspectiva institucional y democrática".


A través de una declaración pública, desde el PC lamentaron la declaración del Pleno de la Corte Suprema, afirmando que "son algunos de sus magistrados quienes han vulnerado el derecho al otorgar beneficios carcelarios a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos".

A su juicio, "resulta inconcebible pretender que la independencia del Poder Judicial significa, sea en la práctica, la imposibilidad de hacer efectiva la responsabilidad política de sus ministros por notable abandono de deberes".

"Ello constituye un grave error y un desafío al sistema republicano que la Corte Suprema debe enmendar. Mediante recientes resoluciones algunos de sus ministros infringieron de manera grave su deber de aplicar las normas nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos, incurriendo así en la causal del notable abandono de deberes", sostuvieron,

Con ello, recalcaron que "frente a esta situación el parlamento debe ejercer su potestad fiscalizadora que le otorga la Constitución y por tanto no vulnera el estado de derecho".
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