Cruz-Coke, Macaya y Pérez durante una conferencia en la sede de la UDI.
Agencia Uno
SANTIAGO.- Este domingo los jefes de bancada de Chile Vamos expresaron su rechazo a la eventual acusación constitucional contra integrantes de la Corte Suprema y que es impulsada por diputados de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio. Iniciativa tuvo su origen tras la aprobación de la la libertad condicional contra siete condenados por crímenes contra los derechos humanos cometidos en dictadura.
"Es propio de las dictaduras, es propio de aquellos regímenes que finalmente terminan afectando seriamente su institucionalizad y seriamente su democracia que cuando un fallo, que cuando una resolución judicial no te parece bien, no te gusta, tú finalmente vas con todo lo atacas y tratas de destituir a esos jueces", expuso el diputado UDI Javier Macaya.
Asimismo los invitó a reflexionar ya que a su parecer lo que se está haciendo es muy grave por parte de la oposición al poner en entredicho uno de los pilares fundamentales de la democracia.
Precisamente, en esa misma línea fue su par de RN Leopoldo Pérez: "Les quiero hacer un llamado a parlamentarios de la izquierda; sobretodo a la izquierda más radical a que tomen conciencia que esto no es un juego, este no es un gustito para poder hacer gallitos al interior de la izquierda y ver quién tiene más poder sobre el otro. Aquí se está jugando con un poder del Estado, los fallos se acatan".
"Si estuviera configurado el notable abandono de deberes, que por lo demás, es la única causal por la cual constitucionalmente se puede acusar a un ministro de la Corte Suprema eventualmente podríamos pensar en que efectivamente se puede llevar adelante una acusación constitucional en esta materia. Sin embargo, creemos que esto está motivado principalmente por razones de carácter políticas que buscan cohesionar a un sector que no ha tenido horizontes comunes", agregó Luciano Cruz-Coke de Evópoli.
Este viernes el Gobierno sostuvo a través del ministro del Interior, Andrés Chadwick, que en caso de presentarse la acusación constitucional contra los supremos se trataría de un hecho muy grave desde la perspectiva institucional y democrática del país.
"Las sentencias judiciales se respetan y se acatan, y no existe ninguna autoridad y en este caso tampoco el Congreso, que tenga facultad de entrar a revisar, nos gusten o no nos gusten, a revisar o acusar en virtud del contenido de un fallo", recalcó.
En un comunicado el pleno del máximo tribunal manifestó en una declaración pública que lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema sino la autonomía indispensable para su desempeño.
