SANTIAGO.- El primer día fueron más de cien familias. Era mediados de marzo de 2013 y todas esas personas, denunciando un "total abandono" de las autoridades con respecto a la búsqueda de soluciones habitacionales, iniciaron una toma de terrenos en el sector poniente de Calama, en las calles Frei Bonn con Alonso de Ercilla.
El traslado empezó el sábado 16 de marzo con carpas, banderas chilenas, materiales de construcción y objetos personales. Anunciaron que no abandonarían el terreno —de propiedad del municipio y de Bienes Nacionales— hasta tener una vivienda propia.
"Estamos todos en la misma necesidad, estamos todos arrendando o viviendo de allegados, hay gente que está viviendo es situación de indigencia en la ribera del río Loa y ni siquiera una autoridad ha ido para allá a preguntar por su salud o si tienen agua", expresaba ese día Juan Navarro, uno de los voceros del movimiento, a radio Cooperativa.
En ese momento, las autoridades descartaron la posibilidad de un desalojo. El entonces diputado Felipe Ward (UDI) buscó coordinar una reunión entre los pobladores y el biministro de Vivienda y Bienes Nacionales, Rodrigo Pérez. La idea era iniciar una mesa de trabajo para encontrar una solución dentro de 30 días.
Cinco años y medio después de ese hito fundacional, los hogares de la toma Frei Bonn llegaron a ser más de 300, hasta que este lunes un incendio lo cambió todo: el fuego destruyó el 50% de los hogares, generó daños parciales en otro 25% y obligó a evacuar a 700 personas, dejando más de 400 damnificados.
La vida en la Frei Bonn
Desde ese primer día, la toma del terreno contiguo al Complejo Polideportivo de la ciudad empezó a ganar mala fama. Parapetado detrás de un cierre perimetral de latas que tenía como fin evitar posibles desalojos, el asentamiento no se podía observar desde afuera.
Los vecinos, en notas de prensa, solían asegurar que "no se podía salir de noche" en los alrededores de la toma, y que se escuchaban frecuentemente peleas y balazos. A menudo los hogares recibieron intervención policial y allanamientos. En 2017, un procedimiento terminó con 35 detenidos asociados al microtráfico, luego de que la PDI entrara en 21 viviendas.
769 Habitantes tenía la toma
Pero desde dentro siempre buscaron desmentir esta visión. "Aquí viven muchas familias de esfuerzo, que llevan a sus hijos al colegio, que trabajan y que luchan a diario por conseguir una casa propia", decía la presidenta de la junta vecinal, Yoice Urbina, a El Mercurio de Calama en febrero pasado.
Fue esa la fecha en la que los habitantes decidieron retirar el perímetro de latas. "Estamos muy contentos de iniciar este nuevo proceso en el lugar, porque es indispensable que la gente pueda conocer cómo es el campamento por dentro", añadió Urbina.
La medida también buscaba abrir la circulación de vehículos, de la policía y del camión de la basura.
El plan de erradicación
Con el paso de los años, la toma se convirtió en una de las principales de la Región de Antofagasta. Por eso las autoridades buscaban erradicarla, para lo cual se determinó un plan de cinco etapas en junio de este año.
Una de ellas era actualizar el catastro de quienes habitaban el lugar. Los resultados, que se dieron a conocer a fines de julio, preocuparon a la gobernación provicial: la encuesta, realizada al 83% de los 303 hogares, arrojó un total de 769 habitantes.
De ellos, sólo 251 eran adultos. Un 57% se trataba de niños, que alcanzaban superaban los 400. "Es una cifra alarmante (...) Estamos evaluando si todos ellos están asistiendo a las escuelas y si reciben los beneficios del Ministerio de Educación", afirmó entonces el gobernador de El Loa, Eduardo Ochoa.
"Aquí viven muchas familias de esfuerzo, que llevan a sus hijos al colegio, que trabajan y que luchan a diario por conseguir una casa propia"
Yoice Urbina, presidenta junta vecinal
El catastro también reveló un importante porcentaje de extranjeros, según consigna El Mercurio de Calama. Del total de hogares, un 38% correspondía a familias bolivianas, 17% a colombianas, y casi un 7% a hogares peruanos.
La mesa de trabajo que se estableció para concretar la erradicación, compuesta por Carabineros, la PDI, el Gobierno Regional con sus seremis, el intendente y el alcalde, se puso plazos. "Nuestro ánimo es que el desalojo de la toma no pase de este año, ojalá sea antes de final de año, en octubre", afirmó la gobernadora de El Loa, María Bernarda Jopia, a fines de mayo.
"Podría ser en el segundo semestre, está todo señalado para que nosotros podamos concluir con esto y realmente entregar algunas soluciones a las personas que viven ahí. Y a aquellos que se parapeten ahí y quieran seguir de forma ilegal ocupando esos terrenos, los vamos a desalojar", añadió.
Pero los planes cambiaron la jornada de este lunes, cuando el fuego consumió casi todo. La preocupación de las autoridades, ahora, es la de impedir que los habitantes vuelvan al terreno y sigan viviendo en lo que han catalogado como "condiciones insalubres".
