SANTIAGO.- "Si hay más fallos contra la gestión alcaldicia, podemos posiblemente pedir una destitución, ya sea por notable abandono de deberes o por faltas a la probidad", dijo el jueves el concejal del Frente Amplio (FA) por Maipú, Gonzalo Ponce, en medio de la serie de reproches hacia la gestión de la alcaldesa de esa comuna, Cathy Barriga (UDI).
El abuso de su imagen en material de difusión comunal, la compra de peluches y joyas para regalos, el polémico despido de funcionarios y la multa que le aplicó la Contraloría General por utilizar recursos públicos para grabar un "Kiki Challenge", han puesto a la jefa comunal en el ojo del huracán, hechos que a juicio del edil no se pueden pasar por alto.
Sin embargo, la posible solicitud de destitución mencionada por el edil frenteamplista no se trata de una acción aislada dentro de lo que ha sido la conducta del bloque. Y es que en un sector de la coalición existe el convencimiento de utilizar todas las herramientas legales existentes para fiscalizar a las distintas autoridades.
Primero fue la acusación constitucional en contra del ministro de Salud, Emilio Santelices, por los cambios al protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto, la cual fracasó en la Cámara de Diputados. El mismo camino siguió la acusación en contra de los tres jueces de la Corte Suprema por otorgar libertad a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Ambas acciones fueron criticadas tanto en parte de la oposición como en el Gobierno. De hecho, durante el proceso en contra de los supremos, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, subrayó que "si no se les pone freno a conductas de este tipo, se debilita la democracia y el Estado de Derecho".
Y la próxima semana podría haber novedades respecto a la solicitud de destitución que un grupo de parlamentarios del FA impulsaron en contra del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, debido a sus presuntas gestiones y dichos respecto a las investigaciones sobre casos de financiamiento irregular de campañas políticas.
Sin embargo, al interior del bloque existen distintas visiones sobre esta estrategia. Mientras un sector defiende la necesidad de llevar a las máximas sanciones a las autoridades que no cumplan con su rol, hay otro más moderado, liderado por RD y el PL, que está de acuerdo en realizar una fiscalización exhaustiva, pero con un uso racional de la institucionalidad.
La posición frente a la estrategia
Al respecto, el diputado del Partido Humanista (PH), Tomás Hirsch, explicó que si bien a nivel parlamentario y como mesa nacional no se ha abordado la situación de Barriga, "en términos generales, el FA viene con una decisión y definición muy clara, que es fiscalizar adecuadamente los actos públicos y evitar cualquier situación de irregularidad".
"Es por eso que solicitamos la destitución del Fiscal Nacional y que hemos participado de las acusaciones constitucionales del ministro Santelices y de los jueces de la Corte Suprema, porque consideramos que hay situaciones de irregularidad graves que no es bueno seguir dejando pasar", indicó.
En esa línea, Hirsch enfatizó que "
entendemos perfectamente que los concejales del FA tomen la misma línea, porque comparten este mismo criterio, de que haya una mayor probidad y respeto a los cargos que se detentan. Desde ese punto de vista no me extraña en absoluto que haya concejales del FA en Maipú que quieran llevar adelante esa acción".
Asimismo, el ex candidato presidencial enfatizó que pese a las derrotas que ha sufrido esa estrategia no dejarán de llevarla a cabo. "De ninguna manera, en eso soy tajante. Nosotros ejercemos estas acciones porque es lo correcto, es lo que corresponde hacer, es la obligación que tenemos, que es fiscalizar los actos públicos y a las autoridades públicas”.
"En ese punto no tenemos ninguna duda al respecto, no vamos a dejar de hacerlas porque perdamos o porque la votación sea adversa en un caso u otro. Por el contrario, eso nos anima con más fuerza a mantener una actitud muy vigilante y de gran fiscalizacion sobre los actos públicos de las autoridades", recalcó.
Una visión distinta planteó el diputado de Revolución Democrática (RD), Pablo Vidal, quien sostuvo que "en ningún caso es una estrategia" y afirmó que "creo que la política que la gente espera es la de las propuestas y las soluciones a sus necesidades. A la gente no le gustan los políticos que andan con la guillotina bajo el brazo".
"No soy de ese tipo de políticos, por lo tanto no me hago cargo de los casos mencionados y de hecho no me he hecho parte de varias de esas solicitudes", añadió, aunque reconoció que "hay una sensación en buena parte de la ciudadanía de que ante ciertos delitos o faltas por parte de autoridades hay una sensación de impunidad".
"La gente siente que de repente se investiga pero a la larga todo queda en nada y las personas que cometen delitos o infracciones no pagan. Es necesario también combatir esa sensación de impunidad, pero no es en ningún caso una obsesión de nuestro partido andar cortando cabezas.
"Eso no es lo que nosotros queremos proponerle a Chile", enfatizó.
Según Vidal, “hay gente que lo ha caracterizado como que en el FA hubieran dos almas. Yo lo que creo es que efectivamente hay quienes en el FA tienen una vocación más bien impugnadora y hay otros que tenemos una vocación mucho más constructiva. Tenemos que alejarnos de los populismos, que son peligrosos para las democracias”.
"Más que un diagnostico como FA, yo diría que hay estrategias que son distintas", dijo, junto con subrayar que en el caso de Maipú "nosotros hemos hecho un proceso de fiscalización sumamente cuidadoso y riguroso. Acá a ratos se ha querido mostrar como que esto es un tema personal, que hay una persecución y eso no es correcto”.
"Esto no se trata de Barriga, se trata del rol fiscalizador que los parlamentarios tenemos que desarrollar y en ese sentido, el cúmulo de antecedentes que nosotros hemos conocido de mal uso de recursos públicos nos ha hecho evaluar todos los escenarios y
la destitución es uno más de los que estamos evaluando", enfatizó.
La mirada de los analistas
Consultado sobre si es viable que el FA mantenga estas ofensivas, el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, indicó que el bloque "surgió como un impugnador del sistema político actual. Por lo tanto se sienten llamados a expresar ese desafío".
"Por eso buscan conectar con cierta emoción que cuestiona un estilo tradicional de hacer política. Las acusaciones e interpelaciones, así como denuncias en el caso de la alcaldesa de Maipú, responden a ese diseño. Ahora, este modelo puede agotarse porque la indignación no es suficiente".
"Esta lógica de la política negativa, en la que quienes rechazan no lo hacen proponiendo otras opciones, puede terminar desgastando. El problema del FA es como distinguir la ‘bronca’ de la indignación justa, que coloque esta energía al servicio de movimientos con eficacia en términos de resultados, que es lo que esperan los ciudadanos", añadió.
En tanto, el cientista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, advirtió que con esta estrategia "el FA está haciendo todo lo imaginable para dividirse de manera temprana. Es una coalición inmadura y frágil y esto le pasará la cuenta en las próximas elecciones".
"No tienen consenso en cuestiones tan elementales como los derechos humanos. Este tipo de impugnaciones sólo genera diferencias internas y costos para la coalición. Dado que ha fracasado en todos sus intentos, se arriesga a una nueva derrota. El problema es que esa derrota afecta a los partidos que apoyan y no apoyan esta medida", enfatizó.
A su juicio, "lo anterior anticipa una fractura entre los partidos más moderados del pacto y los partidos más extremos. Es ese el dilema del FA. Además, no tiene un liderazgo capaz de generar unión. Hay caciques pero no figuras".
