SANTIAGO.- Como ministro (s) de Justicia, el subsecretario de la cartera Juan José Ossa confirmó en los últimos días la expulsión de cuatro funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) por fomentar tres días de huelga sin turnos éticos, además de la suspensión de parte de las remuneraciones de otros cinco trabajadores.
Ello, en el marco de una paralización de funciones llevada a cabo entre el 12 y 15 de enero de 2018, en el que se pedía la desvinculación del equipo de gestión de la Dirección Nacional –entre ellos el entonces jefe de gabinete, a quien acusaron de "operador político"-, al igual que dejar sin efecto la reestructuración del organigrama, entre otros hechos, y la cual implicó la apertura de un sumario en el servicio.
Ya a casi un año del hecho, el titular subrogante de la cartera resolvió el pasado 25 de julio dar no ha lugar a los recursos de apelación presentados y mantener las sanciones dictadas en noviembre.
Según consta en el documento de 21 páginas, ya finalizada la indagatoria interna, que contó con casi una treintena de prueba documental y 45 declaraciones, el fiscal administrativo formuló cargos contra los nueve trabajadores, los cuales van desde faltas administrativas por no realizar un correcto control de ingreso respecto quienes se encontraban a su cargo, hasta participar directamente en el llamado y/o promoción de la paralización, "incitando la no existencia de turnos éticos".
El primero fue el caso de quienes resultaron con suspensiones y el último de los destituidos, entre ellos la entonces presidenta de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del SML, Rosa Cerda.
Los cargos fueron en base a distinta evidencia recopilada, como una carta de fecha del 9 de enero del año pasado donde los trabajadores informan que, de no recibir una respuesta positiva al en un plazo de 48 horas se daría inicio a la huelga total.
Así también, el informe de Carabineros, donde consta que "los funcionarios de SML en dichas fechas no estaban atendiendo los requerimientos sobre levantamientos de cuerpos de personas fallecidas"; además de declaraciones de los mismos destituidos en el sumario y ante la prensa.
En sus descargos, en tanto, Cerda señaló que durante la paralización se encontraba haciendo uso de sus 44 horas de destinación gremial; que la medida aplicara sería "injustificada y desproporcionada"; y que no habría existido descuido de sus funciones.
"Una actitud de desafío"
Ante los hechos y evidencia recopilada, Ossa partió indicando que "la función pública no debe ni puede ser interrumpida, siendo dicha característica uno de los pilares de la Administración Pública conocido como ‘la continuidad del servicio’".
Y señaló: "Esta autoridad considera que la paralización total de actividades -sin turnos éticos- que realizaron los funcionarios de SML causó una grave alteración en la población usuaria del mismo, no resultando posible conciliar dicha omisión con el principio de probidad administrativa".
Recalcando además que "se considera especialmente grave el hecho de haber desconectado los canales de información con Carabineros de Chile, lo que constituye una falta gravísima a la probidad administrativa, por dicho acto refleja una actitud de desafío al orden institucional y entorpeció el levantamiento de cadáveres.
Ossa confirmó así la expulsión y suspensión de parte del sueldo de un total de nueve trabajadores.
