SANTIAGO.- La idea surgió en una reunión entre presidentes de partido: Fuad Chahín (DC), Mario Desbordes (RN), Heraldo Muñoz (PPD) y Carlos Maldonado (PR). Se trató, más bien, de una preocupación que surge frente al escenario de que gane el Apruebo y una convención comience a sesionar para redactar una nueva Constitución: que haya quienes presionen las definiciones de los convencionales, que estén expuestos a "funas".
Por eso, Chahín mencionó que el voto podría ser secreto. "Plantée esa alternativa (...) Se puede explorar y que después el voto se libere, pero que pueda ser un tiempo secreto. Y no solo para evitar funas, sino que también para dar la tranquilidad de que la gente no votará por presiones, sino que pensando el país", dijo el DC a El Mercurio.
Desbordes, otro impulsor de la idea, afirmó que "la medida que hemos conversado con líderes de la oposición sería, por ejemplo, que en la constituyente el voto sea secreto por seis meses hasta después de que se sesione, para que voten tranquilos". "Hay personas que podrían verse intimidadas si afuera del lugar hay encapuchados o queman autos", añadió.
Pero la idea no termina de convencer a todos los timoneles. Muñoz señaló que sería un tema debatible, pero que prefiere que "haya transparencia en la labor", mientras que Maldonado se cierra por completo: "La Constitución del '80 se hizo en secreto, entre cuatro paredes. Esta nueva Constitución será hecha en democracia, y eso impone estándares muy distintos", dijo.
"Todo lo que tienda al secretismo generaría más suspicacia y desconfianza en la ciudadanía. El voto secreto de representantes elegidos democráticamente significa un retroceso de siglos en la teoría democrática", añadió por su parte el senador Álvaro Elizalde, líder del PS.
Una vez que la idea se conoció, también fue criticada por el diputado RD Giorgio Jackson, quien dijo que "además de ser una mala forma de pensar en 'recuperar la confianza en la política', es impracticable". "¿Cómo se implementa para que nadie sepa las votaciones? ¿Voto electrónico secreto? No entienden los riesgos", aseguró.
Poco a poco, la idea comienza a permear el debate.
"El mal menor"
"En una democracia, uno debiese esperar que la gente pueda ejercer sus derechos, entre ellos —si ha sido elegido en una convención mixta o constitucional— votar tranquilamente sin que eso signifique que se vea amenazada su vida, su seguridad o su honra", explica el abogado constitucionalista Víctor Manuel Avilés, socio de Larraín y Asociados.
Para él, lo que están haciendo los timoneles de RN y la DC es "tomar nota de lo que está ocurriendo hoy día en Chile". "Efectivamente hay ciertas expresiones de la democracia, por ejemplo el poder votar transparentemente, que están siendo amenazadas", dice a Emol.
"Si el Estado no puede dar las garantías de seguridad a las personas en cuanto a que, independiente de cómo voten de acuerdo a la manera que piensan, puedan estar resguardados de tener daños mayores, empiezan a aparecer estas ideas"
Victor Manuel Avilés
La coyuntura tuvo una demostración en diciembre, cuando siete diputados de oposición se opusieron a la acusación constitucional presentada por parte del sector en contra del Presidente Sebastián Piñera. De inmediato sus caras comenzaron a circular por redes sociales, e incluso en algunos casos, como el del diputado Pepe Auth, los insultos se trasladaron al plano presencial.
"Si el Estado no puede dar las garantías de seguridad a las personas en cuanto a que, independiente de cómo voten de acuerdo a la manera que piensan, puedan estar resguardados de tener daños mayores —que es lo que jurídicamente se llama la seguridad individual y que está en la Constitución—, empiezan a aparecer estas ideas", señala Avilés.
Se trata de ideas que, a su juicio, "no son para nada ideales". "Son bastante sui generis, pero dan cuenta de que, al final del día, es quizás el mal menor en relación a otras alternativas. Por ejemplo: que mucha gente decida restarse de participar en un proceso de este tipo simplemente por temor a que, en última instancia, puedan verse afectados sus bienes, su vida o su honra", explica.
"Entonces, creo que dada la realidad actual —donde se está complicando por parte del Estado resguardar la seguridad individual de las personas—, este tipo de soluciones empiezan a aparecer. No son las ideales, pero yo creo que buscan justamente eso: permitir que las personas que quieran participar, participen, sin temor a represalias, de uno y otro lado", argumenta.
"Viene a horadar aún más la confianza en las instituciones"
Por otra parte, la cientista política y académica de la U. de Valparaíso, Javiera Arce, señala a Emol que se trata de una idea a la que, personalmente, se opone. "Me parece que es un atentado en contra del derecho a informarnos como ciudadanos acerca de cuáles son las posiciones políticas de quienes están tomando las decisiones", asegura.
"Creo que no se puede, porque las condiciones democráticas y político-institucionales no están adecuadas para esto", dice. Es una idea que le parece "poco transparente" en un contexto que "requiere mayor transparencia". "Esto vendría a horadar aún más la confianza en las instituciones, siendo que estamos frente a una crisis política y social importante", menciona.
"El derecho al disenso está, pero también tenemos que afrontar y confrontar por qué nos pasa eso y cuál va a ser la reacción de las personas. Es obvio que va a haber indignación, pero la democracia tiene costos y decir tu posición también"
Javiera Arce
Uno de los objetivos del proceso constituyente, expresa, es que la gente tenga mayor "control sobre las autoridades". "Ese control se logra a través del uso de la transparencia. El accountability —que podría traducirse como "rendición de cuentas"— es clave para restablecer la confianza institucional, y sin transparencia no se puede ejercer", acota.
"Lo que proponen Desbordes y la DC va en contra de eso y por supuesto que tiene que ver con los costos políticos que han tenido que pagar por tener apoyos medios confusos al Gobierno", apunta. "Hay que ver de quién vienen estas cosas, y en este caso son de gente que ha apoyado mociones del Gobierno, descuadrándose incluso de los acuerdos con la oposición".
Que el voto tenga carácter público es, para Arce, un mínimo, en un contexto en que los partidos políticos obtuvieron un 2% de aprobación el la última encuesta CEP y el Congreso Nacional un 3%. A su juicio, eso se relaciona en parte con el desconocimiento que existe de la forma en que funcionan internamente y precisamente con la falta de transparencia.
"Que los convencionalistas no sean capaces de instalar públicamente sus posiciones habla de una sociedad que está perdiendo incluso su carácter democrático. Por supuesto que el derecho al disenso está, pero también tenemos que afrontar y confrontar por qué nos pasa eso y cuál va a ser la reacción de las personas. Es obvio que va a haber indignación, pero la democracia tiene costos y decir tu posición también", agrega.
Una decisión que será "legítima"
El debate, para la académica de la U. de Santiago y miembro de la comisión técnica del proceso constituyente, Pamela Figueroa, es esperable. "Uno puede entender las aprensiones y el argumento que ellos dan y probablemente va a ser un tema de debate por una razón muy clara", señala a Emol.
"Chile está justamente en un proceso de rediseño institucional, de crisis de legitimidad de las instituciones políticas, que va a exigir altos niveles de transparencia y probablemente la ciudadanía va a tener mucha preocupación porque las decisiones de los convencionales vayan siendo explícitas", explica.
"El reglamento de la convención se lo va a dar la propia convención. Una vez que los convencionales constituyentes se elijan y se instalen, ellos van a definir los aspectos del reglamento"
Pamela Figueroa
Basado en el funcionamiento del Congreso, donde las votaciones son públicas, Figueroa cree que es probable que "los ciudadanos tengan una expectativa de que también sea transparente la votación de los convencionales". "Finalmente, como se van a elegir por un mecanismo que es prácticamente igual a cómo elegimos el Parlamento, las personas están transfiriendo su representación en esos convencionales", dice.
La preocupación de los parlamentarios, asegura, es entendible y debe ser expresada, sobre todo porque existe la posibilidad de que la convención pueda ser conformada en igual medida por ciudadanos y legisladores, en caso de que se imponga la Convención Mixta Constitucional en abril. Sin embargo, la definición del funcionamiento del órgano le corresponde a los convencionales que sean elegidos para la instancia.
"El reglamento de la convención se lo va a dar la propia convención. Una vez que los convencionales constituyentes se elijan y se instalen, ellos van a definir los aspectos del reglamento", explica. Lo único que fue determinado por el Congreso en cuanto al funcionamiento el órgano es el quórum de 2/3 y la "hoja en blanco".
Esa condición daría mayor validez, porque se trataría de una decisión tomada por una convención que empezaría a funcionar desde un piso mayor de legitimidad que el tiene hoy el actual Congreso ante la ciudadanía. "Si la gente vota masivamente en el plebiscito y después en octubre, eso va a dar una legitimidad ciudadana muy importante para que los convencionales representen en el debate a las posiciones de los distintos sectores de la sociedad", concluye.
