A poco más de una semana para que el verano termine, el Ministerio de Bienes Nacionales dio a conocer su balance de la campaña "La Playa es de Todos", que busca mantener un catastro de las denuncias por problemas en acceso a las playas del país.
Según detalló el titular del ramo, Julio Isamit, en lo que va del año se han contabilizado un total de 566 denuncias, ya sea por accesos cerrados o por cobros a la hora de ingresar a la costa.
"En Chile no existen playas privadas y, como Gobierno, seguiremos muy preocupados de garantizar el derecho a acceder de forma libre y gratuita a las playas que nos pertenecen a todos, respetando siempre los espacios públicos y privados", dijo el ministro.
Agregó que la mayoría de las denuncias se concentran en las regiones del Biobío, Coquimbo y Valparaíso, y que desde su ministerio han tomado una serie de medidas para asegurar el libre acceso a las playas.
"Le hemos entregado a la ciudadanía todas las herramientas necesarias para que, cuando las personas decidan disfrutar de las playas, ya sea en verano o en cualquier época del año, lo hagan con la mayor información posible. Nuestro compromiso por garantizar los derechos de todos nuestros ciudadanos es integral y seguiremos trabajando con fuerza este año para cumplir con ese derecho", puntualizó.
Respecto a las 566 denuncias recibidas durante el año, 425 (75%) de ellas fueron fiscalizadas y respondidas al denunciante por el Ministerio de Bienes Nacionales, mientras que las otras 141 se encuentran en evaluación.
En tanto, sobre a las denuncias fiscalizadas, en 304 de ellas se comprobó en terreno que no proceden, mientras que en 121 de ellas sí.
Por otro lado, el ministro Isamit anunció un plan de acción para este año que tiene dos ejes centrales: la habilitación de terrenos fiscales para estacionamientos, lo que consiste en identificar lugares cercanos a las playas con la finalidad de establecer en ellos espacios para vehículos; y la aplicación de convenios con municipios que tengan playas en sus comunas (de mar, río o lago), para coordinar acciones de protección y fiscalización en riberas, con el fin de proteger a sus usuarios.
