En medio de la crisis sanitaria producida por el coronavirus, la Defensoría Penal y Ministerio Público en Valparaíso han diferido en los criterios de modificación de la medida de prisión preventiva de internos formalizados por delitos de mayor gravedad.
Tras detectarse en marzo el primer caso de coronavirus en Chile, la Defensoría Penal Pública de la Región de Valparaíso, ha solicitado reemplezar la prisión preventiva de 316 internos por la medida de arresto domiciliario total, incluso para quienes están formalizados por delitos de mayor gravedad.
Se trata de personas que aún no han sido condenadas, por lo que se busca que abandonen los recintos penitenciarios en medio de la emergencia por el covid-19.
Según señaló el defensor regional, Claudio Pérez, al Mercurio de Valparaíso, a la fecha se han realizado 264 audiencias, de la cuales sólo 64 peticiones han sido acogidas, lo cual equivale a un 24,2% de efectividad.
Al respecto, Pérez indicó que, "lamentablemente las prisiones preventivas son utilizadas de manera excesiva para cautelar la libertad de las personas mientras tiene un resultado final el proceso. El problema es que los penales en el país están todos excedidos en el número de personas, y claramente el nivel de hacinamiento es tremendo".
Pero los criterios fijados por la Defensoría Penal no son compartidos por la fiscal regional de Valparaíso,Claudia Perivancich, quien indicó que en la gran mayoría de casos, "hemos debido requerir que se mantenga la prisión preventiva". Esto al tener en cuenta la gravedad de los hechos y otros elementos como "el peligro para la seguridad de la víctima".
A su juicio, "la mera existencia de un riesgo eventual de contagio al interior de un centro carcelario no justifica, por sí sola, la modificación de la prisión preventiva (...) de sostener ese predicamento, serían liberados todos los privados de libertad, cuestión que no resiste análisis".
Este tema va un paso más allá de la ley de indultos conmutativos para reos (condenados) de baja peligrosidad impulsada por el Gobierno y la cual comenzó a regir ayer con su publicación en el Diario Oficial. Ésta permitirá la salida de 1.860 condenados por delitos menores y que son considerados población de riesgo o tienen permisos de salida.
