Con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas quedaron los dos carabineros formalizados por un hecho que implicó heridas de bala a dos niños, de 9 y 10 años, y un joven de 18, y donde se habría alterado evidencia.
Según los antecedentes de la fiscalía Metropolitana Occidente, desde donde ya anunciaron la apelación, el episodio ocurrió el 20 de octubre del año pasado en Pudahuel y fue informado por los policías de una manera que no había pasado.
Los uniformados reportaron en aquel entonces un homicidio frustrado en contra de un funcionario policial y un robo a un centro comercial, deteniendo por ello a siete personas, tres de las cuales estaban lesionadas. Se dijo al ente persecutor que el joven herido "había embestido a ambos funcionarios, conduciendo en reversa el vehículo", e impactando la motocicleta que conducía el teniente D.C.B.G.
Luego de esto, señalaba el reporte policial, "ante el peligro inminente para los funcionarios policiales", D.C.B.G. había utilizado su arma de servicio, disparando e hiriendo a tres personas que iban en el auto. La comunicación finalizaba destacando la incautación de varias especies provenientes de un mall cercano. De hecho, el joven herido fue formalizado al día siguiente.
Sin embargo, los antecedentes recopilados, entre ellos grabaciones y declaraciones, revelaron otra situación.
Se encontró en el sector una cámara municipal con un registro que no había sido acompañado en los antecedentes originales. De acuerdo a las imágenes, el motorista no había sido embestido y disparó "pese a la gran cantidad de personas que circulaba en las cercanías", hiriendo a los dos menores de edad y al conductor.
3Personas fueron heridas a bala.
Según relató en audiencia el fiscal Marcelo Soto, el vehículo en cuestión fue interceptado metros después por 11 motoristas y varios carros policiales. En el lugar, los uniformados golpearon al grupo en reiteradas oportunidades, incluyendo a las personas que se encontraban heridas a bala. Los siete ocupantes del auto quedaron con lesiones de diversa gravedad.
Otro de los registros muestra como el mayor J.J.R.S. agredía reiteradamente a un adolescente de 16 años.
Por el hecho, se formalizó en noviembre de 2019 a tres policías, incluido el motorista que efectuó los disparos. Los tres declararon que habría sido el mayor J.J.R.S. el que les solicitó mentir y que abolló la moto que supuestamente había sido impactada. El hombre fue llevado hoy a tribunales, como también el sargento que lo acompañó mientras golpeaban a las víctimas.
A ambos se les imputaron los delitos de encubrimiento, falsificación de documentos, obstrucción a la investigación y apremios ilegítimos.
Ante la resolución del 1° Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscalía comunicó su decisión de apelar a fin de lograr la prisión preventiva de los imputados.
"Consideramos graves la naturaleza de estos hechos, cometidos por parte de funcionarios policiales, lo que afecta las bases del sistema procesal penal, al ser funcionarios públicos, infringiendo la probidad y la fe pública, provocándole un daño a la institución que representan", señalaron en un comunicado.
