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Fiscalía pide audiencia para formalizar a secretario del Senado por delito contra la salud pública

La fiscal regional de Biobío, Marcela Cartagena, lo investiga, junto a otras cinco personas, por asistir a un restaurante en San Miguel, en medio de la cuarentena.

21 de Septiembre de 2020 | 19:07 | Por T. Cerna y J. Peña, Emol
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El secretario del Senado y ex fiscal Raúl Guzmán.

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La fiscal regional de Biobío, Marcela Cartagena, solicitó hoy al 11° Juzgado de Garantía de Santiago audiencia para formalizar por delito contra la salud pública, del artículo 318 del Código Penal, al secretario del Senado y ex fiscal regional Raúl Guzmán.

Lo anterior, por asistir a un restaurante en San Miguel en medio de la cuarentena, delito investigado que se habría cometido el 25 de junio pasado, según informó el Ministerio Público.

Además, la persecutora comunicará el inicio de una investigación contra el fiscal sur Patricio Rosas y el abogado asesor de la misma institución, Roberto Contreras.

Junto a Guzmán, Rosas y Contreras, la fiscal Marcela Cartagena formalizará dicha jornada a Edelberto Loyola, Siego Ariostondo y
Cristian Aguirre.

A la formalización, Guzmán suma una multa de $2,5 millones por parte de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, sanción que también se determinó para los dos acompañantes del abogado: el fiscal y el abogado asesor.

$2,5 millonesfue la multa que la Seremi de Salud cursó a Guzmán.
La presencia del secretario del Senado en el local de dicha comuna se conoció tras revelarse una fotografía, en la cual se veía sin mascarilla ni distancia social junto al fiscal y al abogado sentados en una de las mesas.

Posterior a esto el recinto fue cerrado por la Seremi de Salud, puesto que el restaurante -de acuerdo al registro- contaba con mesas dispuestas para recibir a comensales, pese a la prohibición sanitaria. En aquel mes, en la comuna este tipo recintos no podían atender presencialmente a clientes, y solo debía ofrecerse servicio de retiro y delivery.

El Artículo 318 del Código Penal sanciona al que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio.

Según el cuerpo legal, el infractor puede ser penado con presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de 6 a 200 unidades tributarias mensuales (UTM). Es decir, $287 mil a $9.584.000.
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