La Fiscalía Nacional entregó este miércoles un balance de la gestión realizada a lo largo del país sobre las infracciones sanitarias registradas en los seis meses de pandemia de covid-19, las cuales se sancionan bajo el artículo 318 del Código Penal.
De acuerdo a lo informado por el ente persecutor, entre el 1 de marzo y el 4 de septiembre se recibieron 163.973 delitos contra la salud pública, asociadas a 283.048 imputados. Ello, considerando que en la comisión de un ilícito puede haber más de un involucrado. Agregaron que el 59% de estos, equivalente a 167.606 personas, se concentran mayoritariamente entre los 25 y 45 años.
Así también, detallaron que a la fecha
se ha formalizado investigación o requerido en procedimiento monitoreo o simplificado a un total de 204.823 imputados,
lo que representa un 73% de los sujetos ingresados en el periodo.
"Estos imputados son parte de los criterios que el Fiscal Nacional (Jorge Abbott) instruyó para racionalizar la persecución penal y ofrecer un tratamiento diferenciado a los infractores del Artículo 318 dependiendo de la gravedad de su infracción", puntualizaron.
Señalaron que el criterio en cuestión indica, por ejemplo, que las personas en situación de calle, las que salgan en busca de sustento, las que necesitan expresar pacíficamente sus demandas y necesidades, y/o aquellas que deben salir de su domicilio para denunciar un delito no son infractores sanitarios.
Por contraparte, a juicio de la fiscalía sí cometen delitos contra la salud pública "quienes infringen la cuarentena y las normas que pretenden reducir la movilidad, ya que no sólo se expone al contagio individual,
sino además puede transformarse en un vector para el contagio de otros".
Esto último, aludiendo a algunas discusiones que se han generando en el último tiempo. Por ejemplo, hace unos meses una jueza de garantía recurrió hasta el Tribunal Constitucional para abordar si una persona no contagiada que infringe las restricciones de desplazamiento pone en riesgo la salud pública.
"Este criterio ha sido confirmado por las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Rancagua, Temuco, Antofagasta, La Serena y recientemente, a través de los fallos del 22 de septiembre dictados por las Cortes de Apelaciones de Arica y Coyhaique", cerró la Fiscalía Nacional.
