Venezolanos que han ingreso de forma irregular acampan en Cavancha.
Aton
El intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, afirmó que en lo que va de septiembre más de 53% de los casos nuevos de covid en la región corresponden a ciudadanos de otros países que han ingresado de manera irregular, lo que se encuentran realizando cuarentena en Iquique.
La frontera norte ha sido uno de los focos de atención de las autoridades ante el aumento de llegadas por pasos no habilitados de personas que buscan una oportunidad laboral o que huyen de su país por diversos conflictos sociales o políticos. Muchos de ellos son venezolanos, algunos de los cuales incluso se han visto obligados a acampar en playas u otros espacios públicos.
En este escenario, la Sala del
Senado tramita a Ley de Migraciones y ayer rechazó con votos de la oposición la indicación denominada
"turismo laboral" (la que permitía llegar al país como turista y pedir visa en la frontera, no en el consulado en su nación de origen) que fue presentada por senadores Juan Ignacio Latorre (RD) e Isabel Allende (PS). Y hoy debiese votar otra propuesta denominada
"efecto llamada", la cual otorga 90 días de plazo después de publicada dicha ley para regularizar la situación sin ser objeto de sanciones.
En este contexto, enmarcado además por los efectos sociales y económicos de la pandemia del coronavirus en el continente, es que muchos extranjeros han arribado al país en condiciones muchas veces de alta vulnerabilidad por pasos no habilitados, donde no pueden ser sometidos a medidas sanitarias ni cumplir cuarentena en caso de portar el SARS-CoV-2. Un tema que abordó la autoridad regional nortina.
"Todo extranjero que ingrese a Chile
debe cumplir un periodo de aislamiento y eso es lo que hemos hecho: trasladar a las personas hasta residencias transitorias y, una vez allí, realizarles el testeo PCR y monitorear su estado en el caso que sean casos positivos. Esto nos permite proteger a nuestra población y aislar el riesgo", señaló Quezada.
Además, dijo que le solicitó al ministro de Salud, Enrique Paris, que el Minsal realice un conteo diferenciado de los casos nuevos de covid-19 entre las personas que pertenecen a la región y los extranjeros que permanecen en las residencias transitorias, para así evaluar la situación real de contagio que, a la fecha, continúa a la baja en Tarapacá.
Inmigrantes venezolanos hacen la fila para ser sometidos al examen PCR, en un albergue sanitario en Iquique, donde cumplen su cuarentena de 14 días. (Foto: Aton)
Destacó que Iquique y Alto Hospicio se mantienen en cuarentena desde el 15 de mayo, y aseguro que previo a la llegada masiva de extranjeros las cifras del covid iban a la baja, especialmente en las principales tasas que se consideran para pasar a la etapa de Transición.
7años de tramitación lleva el proyecto que el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados y que ha sido modificado en su trámite legislativo.
"Necesitamos reactivar nuestra economía local y la población regional ha entendido que debemos mantener el aislamiento y las medidas sanitarias para poder avanzar en el plan 'Paso a Paso'", expresó el intendente.
Por lo mismo, aseguró que "los casos positivos de los migrantes irregulares están afectando nuestras cifras, por lo que es necesario hacer una diferencia entre los casos extranjeros y los regionales". También aseveró que "la crisis que vive Venezuela hace que muchos ciudadanos tengan que correr riesgos para llegar a Chile y tratar de ingresar a nuestro país, lo que se está produciendo principalmente por pasos no habilitados en nuestra región".
El proyecto del Gobierno
El proyecto de ley de Migraciones lleva siete años de tramitación legislativa. Ingresó a la Cámara de Diputados en 2013 y tiene tres pilares, según ha explicado el Gobierno.
Estos son tener una "regulación migratoria moderna" de cara al fenómeno que se viene experimentando con fuerza desde 2015 y de cara al futuro, dado los efectos económicos de la pandemia.
La ley, han dicho desde La Moneda, busca una norma que apunte a una "migración ordenada, segura y regular", para lo cual propone crear una institucionalidad que pueda no solo tramitar documentos, "sino también avanzar hacia una política integradora e inclusiva".
Las modificaciones a la iniciativa han sido introducidas por la oposición en las comisiones de Derechos Humanos y Hacienda del Senado.
