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Defensoría de la Niñez presentó este viernes se segundo informe anual, el cual consta de tres capítulos: gestión (entre 29 de junio de 2019 y 29 de junio de este año), estallido social y la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la crisis social y sanitaria del país.
Sobre el primer punto, el documento sostiene que comenzó con la implementación de las macrozonas Centro Norte, con sede en la Región de Coquimbo, y la Macrozona Centro, en O'Higgins. De esta forma cuenta con cinco.
Sin embargo, destaca que ello no era plan de acción original, pues la idea era crear cuatro nuevas sedes regionales para "otorgar una mayor cobertura territorial de las necesidades de difusión, promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), asegurándoles a todas ellas y ellos el debido resguardo del principio de igualdad ante la ley", para lo cual solicitó recursos para el presupuesto de este año, lo que asegura, el Ministerio de Hacienda no autorizó.
Estallido social
En el capítulo dos aborda el estallido social y su impacto en NNA. E su presentación exhibió un video con relatos que daban cuenta de lo que debieron enfrentar y lo que se tradujo en que el reporte contabilizó 818 víctimas de violencia estatal y violaciones a los derechos humanos, entre ellos, pérdida de la visión por el impacto de perdigones. De acuerdo a reporte, el 92% de los casos involucra a "miembros de Carabineros de Chile".
"Conversar con Carabineros no tiene mayor sentido si es que uno no logra que esto se comprenda desde quienes mandatan a Carabineros, y de quienes, en definitiva, tiene que establecer estructuras y límites al ejercicio de la función policial. Y ahí hay un poder civil claramente establecido y designado que es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública", manifestó la defensora Patricia Muñoz, señalando que ya pidió una audiencia con el ministro Rodrigo Delgado. "Todavía no logro reunirme con él, espero verlo el lunes en una mesa que convocó la ministra Karla Rubilar".
En ese sentido, llamó a crear "una comisión de Verdad, Justicia y Reparación y Garantías de No Repetición".
Crisis sanitaria
Mientras que la tercera parte del informe anual centra su análisis de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el último año, y cómo se vieron afectados en medio de la crisis social y sanitaria. Allí, en cinco capítulos temáticos, aborda "el desigual ejercicio" del derecho a la educación y el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente, entre otras temáticas.
Sobre el primer punto sostiene: "Se constata (...) que la escuela no está permitiendo a niños, niñas y adolescentes interactuar con quienes pertenecen a otras realidades, sino que más bien ha tendido a evitar la vinculación entre condiciones sociales diversas, perpetuando luego, en la educación superior, la segregación y segmentación que se vive en la educación escolar".
Y añade que "se observa que la pertenencia a grupos sociales determinados marca las posibilidades de acceso a una educación concebida como derecho humano, este elemento se constituye, de manera flagrante, en una vulneración del principio de igualdad y no discriminación que el Estado de Chile debe detener y evitar".
Mientras que sobre la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente, sostiene que "el Estado de Chile volvió a perder una oportunidad valiosa para responder a aquellos compromisos que hace 30 años adquirió, en orden a asegurarles el derecho a ser oídos y oídas y a promover espacios de participación donde sus voces y su especial, único y valioso punto de vista, puedan ser atendidos y considerados".
