Tras semanas de análisis y revisión, el Poder Judicial entregó este martes las estadísticas de prisiones preventivas en causas originadas en el denominado estallido social.
Según informó la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, al 11 de diciembre de 2019 habían 26 los civiles y 11 los agentes del Estado en reclusión por delitos cometidos en dicho contexto. La cifra es considerablemente menor a la que a surgido desde distintas entidades y autoridades.
La inquietud sobre estos datos surgió luego que un grupo de parlamentarios de oposición presentara un proyecto de ley que busca el indulto para aquellos casos, lo que generó inmediato rechazo por parte del Gobierno y que el Presidente Sebastián Piñera adelantara un veto.
Entre los congresistas que respaldan la iniciativa se encuentra la senadora Adriana Muñoz, quien indicó el 17 de diciembre a Cooperativa que habían "casi 800 personas que están en prisión preventiva que no tienen proceso alguno".
11Agentes del Estado estaban presos al 11 de diciembre.
La información la dio sin entregar más detalle ni precisar a qué se refería con no tener "proceso alguno". Sin embargo, los 800 mencionados no coincidían con las cifras entregadas, por ejemplo, por la fiscalía, Defensoría Penal Pública y Ministerio del Interior, las que a su vez tampoco tenían relación entre sí.
Ya hoy se sumó la estadística del Poder Judicial, las cuales son considerablemente menores. Sin embargo, la vocera de la Suprema prefirió no rechazrr del todo la información de Muñoz.
"Tampoco puedo descartar nada (...) desconozco qué parámetros, metodología de trabajo recogió la senadora para afirmar aquello. Desconozco qué tipo de delitos consideró, el periodo que analizó", indicó Chevesich.
Civiles
Para obtener los datos, detalló Chevesich, funcionarios del Poder Judicial revisaron las prisiones preventivas decretadas durante el 16 de octubre de 2019 y el 16 de marzo de 2020 por delitos que podrían estar asociados al estallido social, como robo, receptación, desórdenes, incendios.
Con dichos filtros se obtuvo una primera cifra de 2.180 prisiones preventivas posiblemente vinculadas al 18-O. Los datos fueron nuevamente depurados obteniendo que, para el 11 de diciembre de 2020, 280 seguían recluidos.
"No estoy llamada yo ni el Poder Judicial para calificar o descalificar una cifra. Es lo que demuestra el comportamiento de la causa".
Ministra Gloria Ana Chevesich.
Sin embargo no todos ellos cometieron los delitos en el marco del estallido social. Se revisó cada una de las causas y concluyó que, de estos, solo 26 civiles -17 de ellos con condena anterior- estaban presos por ilícitos cometidos en dicho contexto.
Estos 26, acotó la ministra, están implicados en 24 causas. En todas estas se celebraron audiencias de revisión de prisión preventiva. En total, 80 audiencias, con un promedio de 3,4 por causa, confirmándose la prisión.
Dieciocho de las 24 causas tienen audiencias programadas. Trece corresponden a audiencia de preparación de juicio oral, cuatro a procedimiento abreviado y una de Juicio Oral. En tanto, en 19 de las 24 causas se reprogramaron audiencias, principalmente por falta de antecedentes y la pandemia.
El promedio de prisión preventiva, en tanto, es de 318 días, con un valor máximo de 420 días.
Se detalló además que a las 26 personas se les asocia un total de 73 delitos; y que un 58% de los imputados tiene asociado el delito robo en lugar no habitado y el 27% al de incendio con peligro para las personas.
Funcionarios
En el caso de los funcionarios públicos formalizados por delitos contra los derechos humanos también se analizaron las causas ingresadas entre 16 de octubre de 2019 y el 16 de marzo de 2020, las cuales arrojaron la prisión a 21 personas, una de ellas con una condena anterior.
De estas, solo 11 seguían recluidas al 11 de de diciembre de 2020 por cuatro causas, principalmente por apremios ilegítimos.
De las cuatro causas, tres implicaron la revisión de cautelar, mientras que en la restante no se ha solicitado dicha audiencia. En las cuatro se reprogramaron 10 audiencias, en su mayoría por falta de antecedentes.
En este caso, el tiempo promedio de prisión preventiva es menor al de los civiles: 232 días, con un máximo de 350 días.
Abordando los datos, Chevesich optó por tildar de buenos o malos, altos o bajos, los datos.
"No estoy llamada yo ni el Poder Judicial para calificar o descalificar una cifra. Es lo que demuestra el comportamiento de la causa", cerró.
