Una corrección de la norma ya aprobada es lo que deberá hacer el Congreso luego de que el
Tribunal Constitucional acogiera de forma parcial el requerimiento presentado por el
Frente Amplio y el Partido Comunista a la
Ley de Migración y Extranjería impulsada por el Gobierno. Con esto, si el Ejecutivo quisiera insistir con otra redacción en alguno de los puntos declarados inconstitucionales,
debería presentar un nuevo proyecto sobre la materia.Entre las consideraciones hechas por el órgano -según informó El Mercurio- está haber declarado inconstitucional la exigencia de una autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno a nacionales de un país en particular.
Los magistrados definieron en este punto, que los países a los que se les someterá a esta exigencia, deberá quedar fijado mediante Decreto Supremo firmado por los ministros de Relaciones Exteriores e Interior.
Según definió el TC tampoco se podrá prohibir la contratación con el Estado a empleadores sancionados por emplear reincidentemente a extranjeros sin autorización para trabajar (sin permiso de residencia). También es inconstitucional la expulsión de menores no acompañados, aunque sí pueden ser sujetos de retorno asistido; la privación de libertad por más de 48 horas de un expulsado; que la pérdida de la categoría migratoria de residente ponga término al período de avecindamiento y que aquellos extranjeros presos que califiquen para libertad condicional, serán expulsados del territorio.
Todos los puntos, si bien aún no se conoce el detalle de la sentencia, se basan en la vulneración del principio de igualdad ante la ley por la vía de una discriminación arbitraria.
Trámite legal y administrativo
Conocida la decisión de los magistrados, el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, explicó sus alcances y cómo deberá procederse ahora antes de que sea promulgada la norma.
"En esa sentencia que entendemos que es parcial -ya que los diputados objetaron 14 puntos y se consideraron seis-, el Tribunal nos tiene que decir exactamente si es el artículo completo o una parte del artículo y posteriormente la Secretaría de la Cámara lo que hace es enviar al Presidente de la República el oficio con las correcciones respectivas", señaló.
El ministro de fe de la Corporación agregó que "la ley se promulga con las correcciones que nos envíe el Tribunal Constitucional,
supresiones en este caso de algunos artículos, y después el Presidente tendrá que presentar un proyecto de ley para hacer las correcciones de concordancia respectivas"."Es un trámite administrativo, que es la comunicación al Presidente de la República del oficio de ley en los términos que queda el proyecto despachado por el Congreso Nacional y que el Tribunal Constitucional ha determinado acoger el requerimiento presentado por los diputados", sostuvo.
Mecanismo administrativo
Críticos han sido desde el Gobierno a la resolución del TC, asegurando que deja en "peores condiciones" a los migrantes.
"La gran mayoría de los artículos que fueron rechazados por el TC y aquellos que fueron acogidos pese a la convicción que nosotros teníamos que eran plenamente constitucionales, lo que hacen es dejar en peores condiciones a los migrantes", dijo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
Ante eso, la autoridad señaló que "vamos a tener que utilizar mecanismos administrativos", por ejemplo en el caso del retorno asistido de niños, niñas y adolescentes.
También dijo que la decisión significa complicaciones al haber reducido el plazo de expulsión de 72 a 48 horas para quienes cometen delitos. "Lo hace más difícil la expulsiones cuando se trata de extranjeros que habitan en lugares aislados o requieren una logística mayor para materializar la expulsión", indicó.
