El canciller Andrés Allamand, junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, anunciaron una "ofensiva internacional" para detener el tráfico de personas.
"Estamos trabajando para lanzar una verdadera ofensiva que frene este tráfico internacional e ilegal de inmigrantes, (porque) es un delito que afecta los derechos humanos de las personas. Quienes son parte de este proceso de tráfico, se encuentran permanentemente en una situación expuesta y de alta indefensión", señaló el canciller.
En la misma línea, destacó la relevancia que tendrá el programa para combatir este fenómeno que año a año crece en América Latina. "Insistir en la importancia que tiene esta ofensiva diplomática, judicial y policial que estamos iniciando contra el tráfico ilegal de personas", subrayó.
"Como aquí se ha señalado, el tráfico internacional de personas hay que frenarlo en los puntos en que se origina, cuando se intenta frenar este fenómeno delictual en el punto de destino, habitualmente es tarde y es por eso que los países deben colaborar en el plano judicial, en el plano policial, en el plano diplomático para frenar este fenómeno que se ve gatillado por la complejísima situación humanitaria y de derechos humanos y de difícil política en Venezuela", detalló.
Por su parte, el subsecretario Galli, anunció que el proyecto se encuentra en la estación final para su promulgación. "Se ha superado el último paso para la promulgación de la nueva ley de migración, han sido 8 años de tramitación en el Congreso para avanzar en una nueva ley migratoria y cuáles son los objetivos, lograr una migración ordenada, segura y regular", señaló.
Según informó el ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de las tres aristas que contempla la ofensiva está la solicitud que se le hizo al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, de que el Ministerio Público tome contacto con las fiscalías de los otros países que se ven afectados por el tráfico ilegal de migrantes para que se haga seguimiento de estos delitos.
Asimismo, se requirió al Director General de la PDI, Héctor Espinosa, para iniciar un trabajo de cooperación con las policías de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, así hacer la persecución correpondiente a las bandas delictuales.
En tercer lugar, se establecerá una mesa de trabajo con las cancillerías de las naciones para combatir el crimen organizado en conformidad con el Convenio de Palermo (Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional).
El subsecretario, indicó que el foco de la nueva ley es "el tráfico de migrantes porque muchas veces estas personas son víctimas de engaño y son parte de una red de tráfico que no opera en Chile, este es un delito internacional en que muchas veces son empresas de trasporte que los trasladan por muchas fronteras irregularmente".
"Entre el año 2019 y 2020 las policías detuvieron a 62 personas por tráfico de migrantes en 45 causas abiertas por el Ministerio Público, de ellos 23 personas están en prisión preventiva y 5 de los imputados han sido condenados, 56% de ellos son de nacionalidad venezolana y 24% son peruanos", detalló Galli.
Al ser consultado respecto al ingreso ilegal que aumentó en 2020 producto de la pandemia, el representante del Interior advirtió que es "consecuencia del cierre de las fronteras de nuestro país, para evitar el contagio del covid-19, eso ha generado que no hay forma de acceder a nuestro país y por lo mismo eso ha implicado un aumento en la presión del ingreso clandestino. Hoy tenemos una cifra inédita, de 13 mil personas que ingresaron clandestinamente".
