El Tribunal Constitucional acogió en los últimos 10 días requerimientos de inaplicabilidad por el artículo 318 del Código Penal, que sanciona a quienes ponen en riesgo la salud pública. El docente de Derecho Administrativo y Teoría del Derecho de la PUC, Alejandro Vergara, señala que los fallos del TC "incidirán indudablemente en todos los casos en que la fiscalía está persiguiendo meras desobediencias o descuidos que no son delitos, y que sufren doble persecución. Los órganos respectivos tendrán que coordinarse y decidir una política estatal de persecución, esto es, o meramente administrativa o penal, según los casos; pero no ambas".
