Los funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones (PDI) pueden controlar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías o lugares públicos y en lugares privados de acceso público. Para individualizar a la persona, se puede usar cualquier medio de identificación, tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil. También se puede usar cualquier dispositivo tecnológico.
Eso es lo que señala la
ley de control de identidad que ahora, cinco años después de haberse aprobado en el Congreso, está en el centro de la polémica tras
la muerte de un malabarista en Panguipulli que fue baleado por un carabinero. El origen de los hechos que derivó en que el funcionario policial ahora esté imputado por homicidio simple apunta a que el artista callejero sepultado ayer, se habría negado a este control.
La norma señala también -y es lo que ahora se cuestiona- que
si la persona se niega a acreditar su identidad, la oculta o proporciona una identidad falsa,
se sancionará por ocultar su nombre y apellido a la autoridad. Y agrega que en el ejercicio de esta facultad,
los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria.
La ley que ha sido defendida por el Presidente Sebastián Piñera fue impulsada durante el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet y se aprobó con los votos en contra de gran parte de la ex Nueva Mayoría, avanzando gracias a la entonces oposición y parte de los radicales y demócratacrisitianos.
El debate en 2016 en el Congreso fue duro y comenzó considerando el control también para los menores desde los 14 años, siendo finalmente eliminado y dejándolo solo para mayores de edad. Luego no fue promulgada con una ceremonia en La Moneda, como es tradicional para normas emblemáticas.
Ante las críticas al texto, el entonces subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy salió a defenderlo con una llamativa frase: "Cuando un ciudadano chileno en un supermercado quiere cambiar puntos, le piden el carnet y lo hace una cajera", dijo.
Mientras que la ex titular de Justicia, Javiera Blanco dijo que "la aprobación del control preventivo de identidad le permitirá a las policías la facultad de proteger a los ciudadanos frente a grupos, bandas o pandillas que actúan con total impunidad". Y calificó de "un tremendo error" haber excluido a los menores de edad aludiendo a que en ese momento existían 18 mil jóvenes que habían participado de un delito y esto "habría permitido identificarlos y someterlos a un proceso de reinserción social".
"Aprobar esa legislatura era un grave error que la ciudadanía, tarde o temprano, nos iba a reprochar. Aún más, tengo la convicción de que el combate a la delincuencia, en ningún caso, se combate con este tipo de medidas arbitrarias que perjudican la vida cotidiana de personas honestas.
Nos costó sangre y sudor recuperar la democracia, no podemos volver a la barbarie", planteó ex primer vicepresidente de la Cámara de Diputados,
Marcos Espinosa, uno de los radicales que rechazó el proyecto.
"Cuando un ciudadano chileno en un supermercado quiere cambiar puntos, le piden el carnet y lo hace una cajera"
Ex subsecretario Aleuy
Mientras que el
entonces jefe de bancada de diputados DC, Fuad Chahin, aseguró que
"cuesta entender el rechazo". " El Senado lo que hizo fue acotar esta facultad respecto de los lugares donde se puede hacer este control preventivo de identidad respecto de las personas, eliminando la posibilidad de hacerlo a los menores de 14 años y resulta que eso fue rechazado hoy por la Cámara. Rechazó modificaciones que lo que hacen es acotar el ejercicio; me parece eso inexplicable", enfatizó.
El tema fue nuevamente tratado en 2019 cuando la actual administración, con la titularidad de
Andrés Chadwcik en Interior, presentó un nuevo proyecto que modificaba el anterior, buscando ampliar nuevamente el control a los mayores de 14 años, ampliando las atribuciones policiales y permitiendo la revisión de vestimenta. El texto continúa en tramitación,
quedando estancado en la comisión de Seguridad del Senado desde marzo del año pasado y sin urgencia por parte del Ejecutivo. Su efectividad
Ahora cuando se ha retomado la discusión, un estudio realizado por los académicos Mauricio Duce y Ricardo Lillo de la Universidad Diego Portales, llamado "Controles de identidad realizados por Carabineros: Una aproximación empírica y evaluativa sobre su uso en Chile", muestra que cada vez hay más controles de identidad, pero menos detenciones por delitos graves.
Asimismo según publica hoy El Mercurio, en otros países con mejores resultados, la fiscalización es menor, pero se privilegian aquellos con indicios.
"Evidencia comparada indica que, en el mejor de los casos, controles basados en sospechas (...) podrían tener un impacto modesto en la prevención y disminución de delitos", indica el estudio.
Y agrega que "la paradoja es que las reformas introducidas con propósito de mejorar la tasa de eficacia global de los controles el año 2016 han producido el efecto de aumentar el uso de aquellos que son menos eficaces como son los preventivos y han llevado casi a las desaparición de los más efectivos, los del artículo 85 del Código Procesal Penal".
El prejuicio y su utilidad
Entrando a la discusión, el rector de la UDP, Carlos Peña, publicó ayer una columna en el mismo medio en que enfatizó respecto al caso particular de Panguipulli que se debe hacer una distinción entre "juzgar a la institución" y otra "juzgar el acto que se ejecuta con ocasión o a propósito de esa institución".
"Las instituciones como el control de identidad deberían ser modificadas, porque crean ocasión para que los prejuicios se expandan, y el trato discriminatorio se cobije, bajo el mandato del control del delito"
Rector Peña
Al mismo tiempo indicó que "hay buenas razones para pensar que la institución denominada control de identidad conduce a tratos discriminatorios, a tratar con más rigor y desconfianza a las personas en base a marcadores de estatus o socioculturales- como la forma en que visten, el aspecto que poseen o la manera en que hablan, que en base a su conducta o comportamiento objetivo. No se requiere revisar teoría sociológica para saber que las personas tienden a etiquetar a otros en base a ese tipo de factores y que, por lo mismo, las instituciones como el control de identidad deberían ser modificadas, porque crean ocasión para que los prejuicios se expandan, y el trato discriminatorio se cobije, bajo el mandato del control del delito".
Mientras que el Presidente Sebastián Piñera defendió ayer la ley junto con lamentar la muerte del artista callejero. "El control preventivo de identidad es un instrumento legal, es útil y es necesario para proteger el orden público y proteger la seguridad ciudadana".
"En consecuencia, todas las personas tienen que permitir que se practique ese control preventivo de identidad y no resistirse", sostuvo el Presidente enfatizando que por otro lado, "carabineros cuando practique el control preventivo de identidad tiene que cumplir con los protocolos", sostuvo.
