La sentencia del Tribunal Oral de Santa Cruz, que absolvió a cuatro acusados de tráfico porque todas las diligencias y evidencias obtenidas se fundamentaban en información
obtenida por un dron, marcó un precedente para otras investigaciones policiales:
el uso de estos elementos tecnológicos requerirá una autorización judicial para ser utilizados en domicilios particulares. El fallo ratificado por la Corte de Rancagua abrió el debate sobre el uso de drones en indagatorias penales. "
La sentencia abre una línea jurisprudencial muy interesante e inédita. Pone en tensión la persecución penal, la Constitución, respecto a medidas intrusivas que requieren autorización previa", señaló el abogado Juan Carlos Manríquez.
