Aunque aún el cambio no ha sido aprobado por el Congreso, ya varios proyectan los distintos efectos que generará la decisión de postergar las elecciones de abril para el 15 y 16 de mayo, a la vez que se comienzan a prefigurar los costos políticos que la medida traerá para sus involucrados.
Para el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Miguel Ángel Fernández, "el costo político estará asociado con la forma en que Gobierno y Congreso resuelvan las interrogantes que rodean la postergación de las elecciones. Las preguntas que rondan al financiamiento, los tiempos de campaña, y el rol de los actuales alcaldes son temas que se deben manejar con especial cuidado para no afectar sustancialmente los incentivos de candidatos incumbentes y desafiantes".
"Por una cuestión política, es altamente probable que la oposición tome la propuesta del Ejecutivo para incluir ciertos temas en la agenda, y de alguna manera mezclar las aguas entre una decisión administrativa-electoral basada en lo sanitario con políticas de apoyo económico. Eso les permitiría cargar los costos hacia el Gobierno, aún cuando pareciese no ser una estrategia prudente por la realidad que vive el país", afirmó Fernández.
En esa misma línea, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, coincide en que "la oposición intentará trasladar la responsabilidad de tener que postergar las elecciones al Gobierno con base en las decisiones previas en la gestión de la pandemia. En especial los permisos de vacaciones (con desplazamientos internos y al exterior) y flexibilización del plan Paso a Paso que no generaron las condiciones para las garantías sanitarias y políticas. Sin embargo, esta estrategia tiene un límite: la percepción ciudadana que en estas condiciones hay razones para actuar con cautela y por tanto abstenerse de participar como lo señalan algunos estudios de opinión".
"El Gobierno buscará netear la crítica con su argumento de defender el derecho a la salud. Desde esta perspectiva el Gobierno apostará por instalar el discurso del dilema entre salud y democracia para contrarrestar la crítica. Es decir, como hacer que la democracia no enferme cuando la sociedad puede estar enferma o haya riesgo de enfermedad y contagio. Si lo hace con habilidad política y comunicacional puede bajar la presión en el clima de opinión que intentará instalar la oposición", complementó Moreno.
Impacto en las candidaturas
Por su parte, el docente de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, planteó que "el primer costo a asumir corresponde a los cambios que se van a dar en el calendario electoral en que se van a superponer elecciones de distinto orden como, por ejemplo, la inscripción de candidatos para la primaria presidencial el día 4 de mayo y la elección local del 15-16 de mayo".
"En segundo lugar, el costo más relevante es lo que suceda con los candidatos a las elecciones originalmente establecidas para el 11 de abril, en términos de financiamiento, los candidatos que cuentan con el apoyo de partidos políticos probablemente acuden a esos partidos políticos para obtener alguna clase de financiamiento adicional que les permita resistir lo que queda de campaña, sin perjuicio de que la campaña se pueda suspender casi de manera inmediata lo que queda esta semana. Pero los candidatos independientes van a tener mayores dificultades de resistir muchos de ellos, porque sobreviven en función de donaciones o apoyos individuales de personas y no apoyos institucionales", apuntó Morales, añadiendo que el mayor costo será para las candidatas mujeres.
En ese mismo contexto, Moreno comentó que "hay un sin número de efectos prácticos pero relevantes desde el punto de vista electoral: extensión de campañas y financiamiento público y privado asociado, situación de alcaldes con permiso por que van a la reelección, tema de alcaldes: candidatos presidenciales que deben inscribir candidaturas para primarias, franja TV, todos temas que La Moneda decidió trasladar al Congreso y que los parlamentarios deberán resolver. Pero junto a esas seguridades políticas que deberán despejarse están las sanitarias. como se enfrenta el riesgo de realizar votaciones con hiperconcentración e hiperpresencialidad en espacios cerrados y sin buena ventilación entrado el otoño".
Con ello, Morales también acotó que "a nivel de ciudadanía el principal efecto que también lo podríamos pensar como un costo es que en solo en 6 meses pensados desde mayo a noviembre, la gente se verá enfrentada a más de 18 mil candidatos, eligiendo más de 3.200 cargos de representación popular, por lo tanto. Habrá un shock de información muy violento para la ciudadanía (...) lo que genera un exceso de oferta que va a dificultar la correcta toma de decisiones".
A su juicio, esto "va a producir una fatiga o un estrés electoral por parte de la ciudadanía que puede impactar sobre las tasas de participación. A nivel de candidatos, el endeudamiento y la posibilidad de declararse casi en quiebra, debido a que parte importante de los créditos que pidieron los candidatos se financian en función de los votos recibidos y como no hay elecciones no hay votos y no hay reembolsos (...) los partidos van a verse presionados por estos candidatos para entregar mayor volumen de recursos".
"Para todos los actores involucrados, una postergación de las elecciones significa mayores esfuerzos humanos y económicos. Con las ciudades en cuarentena, la campaña se tomará el espacio de redes sociales e inclusive allí, los candidatos necesitan de despliegues publicitarios que cuestan recursos. Para una gran mayoría de candidatos, que han pedido permiso en sus trabajos, por ejemplo, prolongar el período de campaña parece poco viable. Pero también para los candidatos desafiantes es una oportunidad para darse a conocer y persuadir a la ciudadanía", opinó Fernández.
