Justo un año después de la celebración de sus 50 años, el Tribunal Constitucional (TC) está enfrentando uno de sus momentos más tensos y difíciles, luego de la serie de presiones que ha enfrentado desde el Congreso y el Gobierno, la incertidumbre sobre su futuro en la nueva Constitución y la aparición de una pugna interna.
Sin ir más allá, en los últimos meses su labor ha estado en el ojo del huracán, debido a la revisión que ha tenido que realizar de proyectos de ley de alta connotación, como el de los retiros del 10% de los fondos de pensiones para paliar la crisis económica derivada de la pandemia del covid-19.
En estos días, el Gobierno ha señalado que acudirá al TC ante una eventual aprobación de un tercer retiro. De hecho, este miércoles, el ministro Secretario General de la Presidencia,
Juan José Ossa, sostuvo que "tenemos un firme compromiso que vamos a ir al TC lo antes posible".
Asimismo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, declaró esta mañana en una entrevista con Radio Infinita que ante dicha iniciativa "el TC lo debe calificar como inconstitucional. Yo dudo incluso de la existencia, de la utilidad que tiene el Tribunal Constitucional si no lo califica de tal manera".
Las palabras del líder gremialista son una expresión de las miradas que ha recibido la entidad desde distintos sectores políticos, ya que en meses anteriores ha sido la oposición la que ha criticado su utilidad y existencia, abogando por una reforma o definitivamente su eliminación del ordenamiento institucional actual.
Esos llamados desde la centroizquierda comenzaron luego de que el organismo declarara inconstitucional una serie de iniciativas emblemáticas del último gobierno de Michelle Bachelet, como la reforma laboral o los cambios que entregarían más herramientas al Servicio Nacional del Consumidor, entre otras.
Su futuro y las pugnas internas
Con todo, dicho debate se encausará en la discusión de una nueva Constitución, en donde debiera quedar establecida su continuidad, qué atribuciones tendrá y si se cambiará el sistema de nombramientos de sus integrantes. Hasta ahora, el TC no se ha dado a conocer su postura sobre qué debiera pasar en esta materia.
En paralelo, en las últimas semanas se han producido una serie de enfrentamientos entre sus 10 integrantes, de los cuales la mitad comenzará a ser remplazado a partir de junio de este año, en un proceso que terminará en marzo de 2022 y que podría ser modificado durante el proceso constituyente.
El principal problema que enfrenta en ese sentido en estos días es la acusación que realizó la directiva de la Asociación de Funcionarios del TC (AFUTCCH) por supuesto maltrato laboral en contra de la actual presidenta del TC,
María Luisa Brahm, a quien apuntan por hostigamiento y otras prácticas en ese sentido.
Esta acción enfrentó a los jueces del tribunal, luego de que la propia titular convocara a una sesión extraordinaria para revisar un recurso presentado por su abogado, Luis Cordero, para intentar dejar sin efecto la denuncia de los trabajadores, argumentando que el reglamento interno para casos de acoso no sería aplicables a los ministros.
Mientras algunos magistrados respaldaron la posibilidad de realizar la audiencia, otros aseguraron que "no es la vía idónea" para resolver el asunto. En tanto, los funcionarios recordaron que la propia Brahm invocó el reglamento en cuestión para iniciar un sumario interno contra el ex director de Administración y Finanzas del organismo.
En una declaración pública, la asociación exhortó a los ministros a no poner en riesgo la reputación del TC: "Cualquier acción que impida una investigación en derecho y moralmente validada sobre hechos de tanta gravedad, solo puede contribuir a enlodar la imagen del Tribunal de cara a la ciudadanía", indicaron.
Otros conflictos
A ese caso se suma la pelea interna que mantiene Brahm con su antecesor en el cargo, el ministro Iván Aróstica, a quien acusó en abril de 2020 de retrasar causas de violaciones a los DD.HH.. Ello motivó a la diputada del PC, Carmen Hertz, a presentar una denuncia en contra de los responsables de esa dilación ante el Ministerio Público.
Según la actual titular del tribunal, las decisiones de Aróstica fueron adoptadas "al límite de la corrupción", abriendo una serie pugna con él y con el juez Juan Ignacio Vásquez, quien también está siendo investigado por la Fiscalía por ese caso.
Sin embargo, la tensión ha ido en aumento, ya que a los antecedentes recién mencionados se sumó un nuevo hecho esta semana, luego de que este martes la secretaria del tribunal,
María Angélica Barriga, pidiera la palabra en el pleno para denunciar que en febrero del año pasado Brahm ordenó el ingreso de la PDI a las oficinas del TC.
Según la funcionaria, la presidenta indicó a su jefa de gabinete que permitiera el ingreso de los funcionarios policiales un día sábado, de 7 a 10 de la mañana, y que le pidiera al personal de aseo que no acudiera a las dependencias del tribunal, decisión que a juicio de sus detractores fue adoptada para no dejar registro de la actividad.
Según Barriga, también solicitó que no fueran unos técnicos a reparar un problema con unas bombas ni tampoco que el personal civil y de Gendarmería anotaran quien iría al edificio ubicado en calle Huérfanos. No obstante, quedó registro visual de la visita de los policías, quienes registraron las oficinas de los jueces y sus equipos.
Ante ello, en el pleno de este martes, Brahm recibió las quejas de los magistrados, quienes acusaron que no fueron informados de esa visita. En respuesta, la titular del TC explicó que si había dado aviso en la sesión del 3 de marzo de 2020 y que era un procedimiento para mejorar la seguridad del edificio.
Con todo, Barriga anunció que se trató de un hecho anómalo y que infringe la ley, por lo que hizo una denuncia por oficio al Ministerio Público para que se investigue por qué una fuerza policial ingresó sin una orden a un tribunal de la República.
