Durante la tarde de ayer y en medio de críticas tanto de la oposición como de parte del oficialismo, finalmente el
Gobierno ingresó un
requerimiento de inconstitucionalidad al
Tribunal Constitucional (TC), con el fin de frenar el
tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, iniciativa que se votaría en Sala y hasta su total despacho este jueves.
La acción fue dada a conocer por el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, quien en compañía de los titulares de Hacienda, Rodrigo Cerda y de la Segegob, Jaime Bellolio, señaló que se trata de una "mala política pública que perjudica las pensiones".
"Es nuestro deber velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas y es por eso que presentaremos un requerimiento al TC en relación a este proyecto, que nos asiste la convicción que atenta contra la calidad de vida de los chilenos en esa etapa que tal vez es la más importantes de sus vidas", añadió al respecto el secretario de Estado.
Cabe señalar que esta no es primera vez que el segundo Mandato del Presidente Piñera recurre a la instancia, de hecho, una de las más recientes se relaciona con la misma materia, pues el Ejecutivo requirió al TC referirse sobre el
segundo retiro de fondos previsionales, a fines del año pasado.
En la ocasión, específicamente el 21 de diciembre, el Pleno del tribunal acogió el requerimiento y consideró que la reforma era contraria a la Carta Magna, con el voto dirimente de la presidenta del TC, María Luisa Brahm.
Ahora bien, a poco más de dos semanas de tal resolución, es decir el 5 de enero de este año, el Tribunal Constituciónal volvió a acoger un requerimiento de este tipo presentado por el Ejecutivo. Esta vez respecto a nueve glosas aprobadas por el Congreso Nacional en la ley de Presupuesto 2021 y que fueron introducidas mediante indicaciones parlamentarias.
Otra ocasión en la que el Gobierno recurrió al TC se remonta a mayo de 2018, cuando presentó un requerimiento que buscaba resolver el conflicto de constitucionalidad generado con la promulgación de la ley del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
El requerimiento se interpuso luego de que la Contraloría se negara a tomar razón del decreto promulgatorio del nuevo Sernac, argumentando que el texto contenía disposiciones, como las facultades sancionatorias, que habían sido declaradas inconstitucionales anteriormente por el TC, en el marco de un control de constitucionalidad preventivo.
En esa oportunidad el tribunal le dio la razón a la Contraloría General de la República y determinó que el texto de la nueva ley no debía contener las facultades sancionatorias.
Coaliciones y el TC en los últimos Gobiernos
Es así que la práctica de recurrir a esta instancia es bastante habitual tanto en este Gobierno como en los anteriores. De hecho, data del 2009 un requerimiento ingresado por la entonces Presidenta Michelle Bachelet en contra de la Cámara de Diputados, por el rechazo al proyecto de acuerdo sobre la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas.
A ello se suma uno ingresado durante el primer gobierno del actual Mandatario, durante 2011, respecto de la forma en que el Senado votó el proyecto que
extendía el posnatal de tres a seis meses.
Del mismo modo ha ocurrido entre los parlamentarios. Un estudio elaborado en 2017 por el Observatorio Judicial, titulado "Las coaliciones frente al Tribunal Constitucional", reveló que siendo oposición, la centro izquierda acudió al órgano en un 60% más que la centro derecha, en ese rango de tiempo.
La cifra corresponde al promedio anual sobre el total de requerimientos presentados en el período comprendido entre 2006 y 2017, es decir, considera el primer y segundo mandato de Bachelet, así como la primera administración de Piñera.
En ese sentido, el informe detalla que durante esos 12 años fueron 35 las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional, 19 de ellas interpuestas por parlamentarios de la antigua Alianza por Chile, hoy Chile Vamos; 15 por diputados de la Concertación, hoy Nueva Mayoría, y una del senador independiente Carlos Bianchi.
"Si bien se observa una diferencia a favor de la cantidad de requerimientos presentados por la centroderecha, ello se explica porque dicho conglomerado ha ocupado el rol opositor por más tiempo que la centroizquierda", señala el análisis al respecto.
Con lo anterior, el informe del Observatorio Judicial concluye que de los 35 requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional en ese período, la mayor cantidad provino de la centro izquierda y durante el gobierno de Sebastián Piñera (11 en total).
