Ayer lunes, el Consejo del Colegio de Abogados acordó con amplia mayoría recurrir a la Convención Constitucional con el fin de restituir la colegiatura como requisito para ejercer la profesión, con el fin de "asegurar el cumplimiento de normas éticas".
De los 19 consejeros, 17 respaldaron la colegiatura para ejercer como abogado, instancia que contó con un voto en contra, de Florencio Bernales. Asimismo, se abstuvo Elisa Walker, dado que es candidata al órgano que redactará la nueva Carta Magna.
Esta jornada dieron a conocer un documento con los detalles del acuerdo, en el que señalaron que "el Consejo del Colegio de Abogados considera que los derechos de las personas pueden verse seriamente afectados si los abogados no ajustan sus actuaciones a normas éticas esenciales".
En detalle, agregaron que "para asegurar el cumplimiento de esas normas éticas,
debe existir un órgano que pueda sancionar de manera efectiva su infracción; y que son los mismos pares, a través de los Colegios Profesionales, quienes están mejor habilitados para juzgar las faltas éticas cometidas por los abogados".
"Un sistema que permite a los abogados eludir el cumplimiento de las normas éticas, simplemente no afiliándose a un Colegio de Abogados, resulta ineficaz para el control ético de la profesión", añadieron, enfatizando que "la experiencia ha demostrado que los tribunales ordinarios de justicia tampoco son efectivos para ejercer el control ético de decenas de miles de abogados no colegiados que ejercen en los más diversos ámbitos del derecho".
En esa línea, desde el Consejo señalaron que "el ejercicio libre, independiente y ético de la profesión de abogado es esencial para el resguardo del Estado de Derecho", por lo que "para asegurar que la afiliación obligatoria y el control ético no sean abusados (...) consideramos también esencial que la misma Convención Constitucional mantenga y refuerce la garantía del libre acceso de las personas a la defensa jurídica; y la prohibición al Estado y los particulares de interferir de manera alguna en el ejercicio libre e independiente de la profesión".
"Asimismo, estamos ciertos que las regulaciones actualmente vigentes permiten asegurar que las asociaciones gremiales no entorpecerán la libre competencia a través de la fijación de aranceles u otras medidas de la misma especie, las que están sujetas a la fiscalización de la Fiscalía Nacional Económica", indicaron al respecto.
Con lo anterior, manifestaron que instarán a la Convención constitucional a disponer en la nueva Constitución que "el legislador podrá establecer la afiliación obligatoria a un colegio profesional como condición previa para ejercer ciertas profesiones, como la profesión de abogado, sin que ello afecte el derecho de asociación".
"El legislador deberá establecer, luego, la afiliación obligatoria de los abogados a un colegio profesional como condición para ejercer la profesión y las condiciones que deberán reunir los colegios profesionales, asegurándose de esa manera por parte de ellos el ejercicio de un control ético de los colegiados", agregaron.
Finalmente, solicitarán al órgano "garantizar el libre acceso de las personas a la defensa jurídica, sin discriminación alguna, y contemplar la prohibición al Estado y los particulares de limitar e interferir de manera alguna en el ejercicio libre e independiente de la profesión de abogado".
