El lunes 10 de mayo, el consejo general del Colegio de Abogados suscribió un acuerdo para instar a la Convención Constitucional a aprobar "una norma que permita al legislador establecer y regular la afiliación obligatoria a un colegio profesional como condición previa para ejercer ciertas profesiones".
"Los derechos de las personas pueden verse seriamente afectados si los abogados no ajustan sus actuaciones a normas éticas esenciales", expusieron en un documento, afirmando que "para asegurar el cumplimiento de esas normas éticas, debe existir un órgano que pueda sancionar de manera efectiva su infracción". "Son los mismos pares, a través de los colegios profesionales, quienes están mejor habilitados para juzgar las faltas éticas cometidas por los abogados", apuntaron.
Se trata de una disposición que existía y fue eliminada en la Constitución de 1980. Su reposición es respaldada por el presidente del Colegio de Abogados, Héctor Humeres, y encontró respaldo en todos los consejeros con excepción de Florencio Bernales, quien consideró que la normativa eliminaría la libertad de asociación.
La idea ha abierto un debate en el mundo abogadil, con voces a favor, otras en contra e incluso con desafiliaciones al colegio por esta causa, como fue el caso del exconsejero Enrique Alcalde.
Una de las opiniones fue de Sergio Urrejola, quien presidió el Colegio de Abogados entre 1992 y 2007. Si bien concuerda con la necesidad de "lograr algún control ético de la profesión", considera que "obligarlos a pertenecer" a la orden "es coartar la libertad de las personas". "Creo que el consejo del colegio se equivocó profundamente y perdió un principio básico, que es la libertad de las personas que no quieran pertenecer", dijo a El Mercurio.
Entre los argumentos a favor de la idea destacan los del ex consejero nacional del colegio, Julián López, quien explicó que "así como a quienes no somos médicos nos resulta imposible (sin la asistencia de otro médico) juzgar si una operación quirúrgica fue correctamente ejecutada, a los que no son abogados les resulta imposible (sin la asistencia de otro abogado) juzgar si el desempeño de un letrado ha satisfecho los deberes de lealtad, celo y confidencialidad que la profesión promete cumplir".
Una profesión "libre de todo control"
"Las reacciones adversas han provenido, en general, de abogados que reclaman que esta idea afecta su libertad de asociación. Este reparo es, ciertamente, una obviedad: si la decisión de este problema fuera a tener como única consideración la libertad de los abogados, sencillamente no habría nada más que discutir, pero lo que está en juego en este caso es, precisamente, hasta qué punto la función que desempeñan los abogados puede estar libre de todo control", expresó López.
Según sus datos, más del 90% de los abogados que se titulan cada año optan por no afiliarse, "con lo cual su conducta queda teóricamente entregada al exclusivo control de los tribunales de justicia". En la discusión parece haber consenso sobre la necesidad de que exista un "control ético efectivo", como también lo destacó el ex presidente de la entidad, Enrique Barros, quien planteó que la ausencia de este "le hace mal a la profesión". Barros, sin embargo, fue tajante al señalar que el tema "no es de materia constitucional" y que "no debemos contribuir a aumentar el riesgo de una inflación constitucional".
"Si la decisión de este problema fuera a tener como única consideración la libertad de los abogados, sencillamente no habría nada más que discutir, pero lo que está en juego en este caso es, precisamente, hasta qué punto la función que desempeñan los abogados puede estar libre de todo control"
Julián López
Por su parte, la académica de la U. de Chile, Ana María García, defiende que aunque el derecho a la libre asociación "es muy importante" y que "hay que protegerlo y cautelarlo", "ello no impide la colegiatura obligatoria para determinadas profesiones". "Estoy de acuerdo en que se reponga, sobre todo para las profesiones liberales (...) donde está involucrado el interés público", dijo al periódico. Para ella, "tiene que estar regulado, debe haber un control ético" porque es "una protección para la comunidad".
Otras voces, como las del abogado José Tomás Otero, piden distinguir entre "establecer pruebas o mecanismos de control previos que aseguren un conocimiento técnico y normas morales mínimas" y entre "la participación permanente en una asociación para poder ejercer como tal". "Esta diferencia existe en otras legislaciones y es apreciable en los EE.UU., donde en todos los estados (salvo Wisconsin) se exige rendir y aprobar el 'bar exam' para poder ejercer, mientras que solamente algunos estados exigen además estar afiliados a las asociaciones estatales respectivas", explicó en una carta.
"Es legítimo cuestionar si lo que se busca instaurar es un simple control, que busque asegurar un desempeño 'ético' de parte de los abogados, o bien, queremos una afiliación permanente obligatoria", cerró. Se ha levantado además como temas de discusión asociados al debate primario la existencia o no de cuotas de afiliación y el régimen de representatividad.
