La primera en señalarlo fue la socióloga y analista política Lucía Dammert el domingo: "Creo que hay tener un sentido de realidad respecto de los tiempos", dijo en Mesa Central. "Nadie pensó que la constituyente se iba a hacer cuando tuviéramos 7 mil contagiados por día y si la idea es hacer un gran grupo de Zoom dividido en subgrupos de Zoom, yo que soy profesora les puedo asegurar que eso no sirve: la gente se desengancha, empieza a ver televisión, a hacer cualquier cosa, por más que uno esté súper convencido".
"Si vamos a seguir con este proceso que estamos viviendo hoy día, efectivamente deberíamos de pensar si 18 meses, o 12 meses o 9 meses son suficientes para hacer la pedagogía ciudadana que se requiere. Tener una nueva Constitución fast track y rapidito, porque eso es lo que se decidió en noviembre, no sé si es la mejor alternativa. Hay que abrirse y están los caminos de tomar la decisión", dijo.
Su idea tuvo el respaldo inmediato del economista Óscar Landerretche. "Tomen en serio lo dicho por Lucía Dammert", publicó en su cuenta de Twitter. "Es poco sensato creer que el proceso de conversación pública que viene —de escucha y de expresión, de presencia territorial, de discrepancia y diálogo— quepa en los tiempos contemplados. Es sano pensar en un mayor plazo", agregó.
Y es que en lo que respecta a la nueva Constitución, los tiempos apremian. En la reforma constitucional aprobada a fines de 2019 por el Congreso Nacional que habilitó el proceso para una nueva Constitución se estableció que el plazo para su redacción será de nueve meses, prorrogables por una única vez por tres meses más. En total, los convencionales tienen un año desde que la instancia comience a sesionar para elaborar una nueva Carta Magna.
"Es una mala idea que la nueva Constitución no surja de un procedimiento tan discutido y reflexivo como sea posible, porque ella debe cumplir con los plazos que están establecidos", expuso por su parte Fernando Atria, elegido por el FA en el Distrito 10. "Creo que hay que estar abiertos a la posibilidad de que el plazo deba ser ampliado en caso de ser necesario, no estoy diciendo ahora, pero estar abiertos a esa posibilidad. Creo que es razonable", dijo en radio Pauta.
Ideas encontradas
Aunque el plazo suena acotado para aunar una multiplicidad de voces diversas en un gran consenso, hay quienes defienden que el proceso no puede extenderse por más tiempo. "Cuando hacemos eso, agregamos tiempo de incertidumbre", expuso en
EmolTV el convencional UDI por el distrito 19,
Martín Arrau. "Chile no aguanta mucha incertidumbre más, tenemos que darle certezas (...) Por eso tiene que ser un proceso que sea efectivamente acotado a los tiempos que están establecidos. Ojalá seamos respetuosos de esas normas".
Por otra parte, hay quienes creen que el tópico de alargar la duración tiene pros y contras. "Se requiere más tiempo, pero por otro lado alargarlo por mucho tiempo genera una sensación de inestabilidad en el país que tampoco podemos seguir asumiéndola", dijo en
EmolTV Elsa Labraña, elegida en el Distrito 17 por la Lista del Pueblo. "Yo creo que en la medida en que la gente se involucre en este proceso y lleve los mandatos claros a sus convencionales, esto va a salir bastante fluido".
"Hay que dejar que el proceso se desarrolle y fluya de acuerdo a las reglas del juego que están establecidas. Empezar a cambiar antes las reglas del juego puede generar mayor nivel de incertidumbre. Veremos cómo avanza una vez que empiece"
Marco Moreno
Para el decano de la Facultad de Gobierno de la U. Central, Marco Moreno, "no es conveniente instalar ese tipo de dudas antes de comenzar el proceso". "Hay que dejar que el proceso se desarrolle y fluya de acuerdo a las reglas del juego que están establecidas. Empezar a cambiar antes las reglas del juego puede generar mayor nivel de incertidumbre. Veremos cómo avanza una vez que empiece, pero modificar las reglas a priori creo que no contribuye a la seguridad que tenemos que tener todos de que el proceso se desarrolle con total normalidad".
Una de los factores que podría incidir en la duración es la modalidad de trabajo que la propia convención decida adoptar. "Si copiamos el método del Parlamento, estamos acabados", opinó Arrau, quien se mostró contrario a "meterle semanas distritales entre medio". "Si nos vamos a tomar esos tiempos y vamos a estar dando vueltas y politiqueando, no va a funcionar. Si nos dedicamos a trabajar de lunes a viernes y a hacer la pega bien hecha, yo creo que se puede".
Su visión contrasta con la de las voces que piden recordar que "no vamos a hacer una reforma: es una nueva Constitución" y que "la gente, las personas, tienen que involucrarse", como opina Labraña. "La Constitución no es un documento más que se puede discutir a la rápida y sin contacto ciudadano. Mejor ir pensando primero en los mecanismos de participación para asegurar su legitimidad", agregó Dammert.
De ser necesario y existir consenso, la decisión tendría que provenir desde fuera de la convención. "Esa posibilidad requeriría una reforma constitucional del Congreso, porque el plazo que tiene la convención está fijado por la Constitución actual", acotó Atria. "Yo esperaría que el Congreso Nacional entendiera que tiene una función que cumplir en el proceso constituyente, pero es una función, por así decirlo, de segunda línea", cerró.
