El Mercurio/Imagen referencial
La Fiscalía Nacional informó que 25 imputados por la comisión de delitos vinculados al estallido social del 19 de octubre de 2019 se encuentran actualmente en prisión preventiva, de acuerdo a la información levantada el 24 de mayo de 2021.
Los delitos por los que son investigados incluyen lanzamiento de bombas molotov, incendio, porte ilícito de armas y homicidios frustrados, entre otros.
De acuerdo al Ministerio Público, que entregó los datos esta tarde, imputados fueron formalizados y los tribunales determinaron la medida cautelar de privación de libertad "por cumplirse las causales legales para ello, en términos de que la fiscalía presentó antecedentes que justifican la existencia del delito investigado y que permiten presumir fundadamente que el imputado
ha tenido participación en tal ilícito como autor, cómplice o encubridor".
"Los 25 imputados en el contexto del estallido social y actualmente en prisión preventiva, son todos adultos y fueron formalizados por diversos delitos cometidos entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. Entre otras causas, se cuentan: un imputado por la comisión de homicidio consumado y tres homicidios frustrados; tres personas por activación y/o lanzamiento de bombas molotov; dos imputados por robo con intimidación o violencia; siete por el delito de incendio; tres por porte ilegal de armas; y otros cuatro por robo en lugar no habitado", añadió.
De acuerdo a ente persecutor, quien menos tiempo ha permanecido en prisión preventiva fue un imputado por el delito de robo no habitado, con 22 días. "Mientras que la persona con mayor período privada de libertad corresponde a un adulto investigado por el delito de activación de bomba molotov, con 581 días y cuya medida cautelar ha sido revisada en nueve ocasiones por los Tribunales de Garantía, confirmada dos veces por la Corte de Apelaciones y ratificada dos veces por la Corte Suprema", indicó.
La Fiscalía Nacional asimismo señaló que de los 25 imputados "ocho están acusados y en espera de juicio oral, procedimiento que se ha visto postergado a consecuencia de la pandemia. Para ellos, la fiscalía solicita diversas penas, entre las que destacan 20 años de presidio por el delito de homicidio consumado y frustrado; 14 años por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y municiones, y microtráfico; 12 años por el delito de incendio, y 5 años y un día por el incendio de una tienda comercial".
Según cifras del organismo que dirige Jorge Abbott, entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 "ingresaron 41.075 casos relacionados a delitos de daños, robos, desórdenes y ley de control de armas, entre otros. Por esos hechos, se han dictado a la fecha un total de 4.771 sentencias condenatorias respecto de 3.879 personas a quienes se les ha atribuido uno o más delitos, y 149 sentencias absolutorias correspondientes a 127 imputados".
