"Desde la Convención Constitucional vamos a impulsar el proyecto de ley de indulto para que las personas que están privadas de libertad por razones políticas recuperen su libertad lo antes posible", dijo el vicepresidente Jaime Bassa pocos momentos después de ser elegido para el cargo. Si bien reconoció que la Convención no tiene competencias para tomar decisiones legislativas, señaló que el órgano ejerce sus funciones "en un contexto político que hoy está marcado por la emergencia de un poder constituyente".
"Somos autoridades instaladas desde el poder de nuestras colectividades y para la democracia chilena es necesario hablar el tema. Nosotros, que vamos a escribir la Constitución, vamos a hacer un trabajo de profundización de esa democracia y hay situaciones, como los presos de la revuelta, que no están solucionadas para la tranquilidad de toda la Convención", dijo al día siguiente la presidenta de la instancia, Elisa Loncon.
Además, la convencional mapuche respondió a un cuestionamiento que surgió apenas hicieron sus declaraciones el domingo: "Intromisión de otros poderes del Estado no hay. No es nuestra postura", dijo. Y es que los emplazamientos salieron incluso del propio Congreso Nacional. "Espero que la Convención, tal como lo ha señalado su presidenta y vicepresidente, tenga respeto por el resto de las instituciones que forman parte de la institucionalidad democrática", aseguró la presidenta del Senado, Yasna Provoste, este lunes.
"Si la Convención Constitucional pretende resolver cuestiones de materias legislativas o desea revisar y cuestionar fallos judiciales y el trabajo del Ministerio Público, es una combinación que en nada aporta a salir de una crisis institucional", agregó el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen. "Hay márgenes que se están transgrediendo y que nos parecen peligrosos", añadió.
Se trata de una de las aristas en las que ya se ha visualizado que el funcionamiento de la Convención podría influir en el del Congreso Nacional. Además de la presión sobre la agenda legislativa, hay voces que señalan que podría traducirse en nuevos objetivos para el Poder Legislativo en el corto plazo o incluso un replanteamiento identitario del Parlamento.
La misión de cada institución
El 25 de mayo, la comisión de Vivienda del Senado rechazó el proyecto de integración social urbana citando diferentes argumentos, entre ellos que se trataba de una materia que debía ser abordada en otro contexto. "La discusión de fondo debe darse en el proceso constituyente", dijo el senador RD Juan Ignacio Latorre. "Es un riesgo, porque el Congreso a ratos ha operado queriendo delegar en la Convención todo el futuro del país", comenta el director del Instituto de Filosofía de la U. de Los Andes, Manfred Svensson.
"El Congreso tiene que preservar una preocupación por los límites de la Convención, pero tiene su propio trabajo que hacer y es muy serio y muy importante que, durante el tiempo que dure el trabajo de la Convención, haya conciencia de eso: de que el país tiene que seguir funcionando y que no está en pausa esperando el final del trabajo de la Convención", agrega.
"El Congreso a ratos ha operado queriendo delegar en la Convención todo el futuro del país"
Manfred Svensson
Para el también investigador del IES, debe existir conciencia de que "la crisis del país es real y no es un invento". "Hay que abordarla por distintos lados y no sentarnos a esperar que la Convención nos entregue un país refundado, porque los países no operan así", dice a Emol Svensson, quien asegura que identifica "un cierto ánimo de posposición de discusiones y de la vida del país que es muy preocupante".
En el tópico, en todo caso, no hay consenso. Para Mario Herrera, investigador del Centro de Análisis Político de la U. de Talca, lo que se está viendo es una inversión de roles. "Lo que uno esperaría de un Congreso es que esté preocupado de las variables que son de corto plazo, como la pandemia, las elecciones que tenemos en lo inmediato y eventualmente alguna legislación que solicite la Convención, y en cambio que la Convención esté preocupada de las cosas a largo plazo", expone.
"Lo que estamos observando es que los roles parece que se invierten: la Convención está preocupada de los presos políticos, que es un tema de contingencia, y el Congreso, en cambio, de discusiones de proyectos de ley que probablemente no tengan algún sentido después, cuando se apruebe la nueva Constitución, como por ejemplo el voto obligatorio", menciona. En efecto, dicho proyecto fue aprobado por la Cámara y por la comisión de Constitución del Senado recientemente.
Los últimos meses del Congreso
Luego del despliegue mediático de la Convención en sus primeras horas de funcionamiento, uno de los mensajes que se interpretó para la ciudadanía es que el nuevo órgano constitucional sería el encargado de marcar los puntos políticos del debate nacional. La agenda, se piensa, se verá inevitablemente influida de forma primordial por lo que en ella pase.
Por eso hay quienes piensan que el Congreso verá reducida su opción de usar esa carta identitaria: la de marcar puntos políticos, a veces de la mano de proyectos con pocas posibilidades de avanzar en la discusión legislativa pero que sientan un precedente sobre lo que ocurre en la contingencia nacional.
"A los congresistas les quedan meses de trabajo que tendrán que conciliar con las campañas de quienes van a repostular, por lo que van a tener que funcionar en carriles diferentes pero no parar de legislar"
Mireya Dávila
Un ejemplo es lo que ocurrió esta semana: la bancada del PC anunció que presentaría una acusación constitucional contra el ministro Juan José Ossa (Segpres) por una "acción deliberada" para boicotear la Convención, una acción que contaría con el apoyo del Frente Amplio pero que fue criticada por el PS. En paralelo, avanza el camino para levantar la misma herramienta en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa.
Para la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile, Mireya Dávila, "la agenda de mociones de los parlamentarios tiene más que ver con el vacío de poder que ha dejado el Gobierno que con la mayor capacidad política de los parlamentarios". Derivado de los mandatos asignados a cada institución, asegura, se entiende que "las identidades son distintas".
Desde su punto de vista, lo que viene en los meses venideros para el Legislativo es complejo no solo por el funcionamiento de la Convención. "A los congresistas les quedan meses de trabajo que tendrán que conciliar con las campañas de quienes van a repostular, por lo que me parece que van a tener que funcionar en carriles diferentes pero no van a parar de legislar", opina.
Luego de esa elección, añadió en EmolTV el experto electoral y analista político Mauricio Morales, el nuevo Congreso Nacional —el cual asegura que será "absolutamente irrelevante en términos políticos"— probablemente tenga que abordar dos puntos. "Lo primero, porque se va a hacer, va a ser rediscutir la regla de los dos tercios: el Congreso puede discutirlo nuevamente por presión de la Convención, y en segundo lugar extender el plazo para que esta Constitución sea redactada", cerró.
