Tras una accidentada instalación el domingo 4 de julio, la Convención Constitucional finalmente empezó su funcionamiento. Los primeros días no estuvieron, tampoco, libres de polémicas: problemas de habilitación del ex Congreso, diferencias entre las diversas corrientes de convencionales y reclamos contra las metodologías instaladas, fueron algunos de los primeros episodios que se registraron.
Más allá de los hechos específicos que tuvieron lugar durante los primeros días, ciertos puntos políticos se hicieron claros una vez que los constituyentes se reunieron en un mismo lugar y empezaron a enfrentar sus puntos de vista. Estos fueron los cinco hitos políticos del arranque de la Convención.
El antagonismo con el Gobierno
La expectativa por la primera sesión de trabajo del órgano constitucional era alta el día lunes, cuando estaba agendado que la directiva se reuniera en la mañana con la secretaría técnica para resolver detalles prácticos de la puesta en marcha de la Convención y luego, en horas de la tarde, todos los constituyentes se reunieran para sesionar en el ex Congreso.
Pero los planes se vieron impedidos por las condiciones del recinto. "No había audio ni micrófonos para comunicarse, ni pantallas habilitadas para vernos", dijeron los convencionales del PS, PC y FA en una declaración. "Responsabilizamos al Gobierno de Sebastián Piñera por el permanente desinterés hacia el funcionamiento de la Convención", dijeron, y solicitaron "la renuncia del equipo completo".
Las críticas vinieron de sectores diversos. Este viernes, de hecho,
Patricia Politzer (INN) resaltó que no se trató de "errores técnicos" sino de una "negligencia grave por parte de las autoridades". Hubo quienes, incluso, hablaron de una supuesta intención del Gobierno de realizar un "sabotaje", como dijo
Jorge Baradit (IND-PS).
Uno de los rounds lo ganó la Convención: el secretario ejecutivo nombrado por el Gobierno, Francisco Encina, puso su cargo a disposición y posteriormente su renuncia fue aceptada. Se trataba de una solicitud de la mayoría del organismo, incluyendo a la totalidad de constituyentes de pueblos originarios.
Sin embargo, el conflicto no terminó. El Ejecutivo resolvió nombrar en el cargo a la ex candidata a gobernadora de la RM, Catalina Parot (EVO), un movimiento que nuevamente fue rechazado por la Convención. Desde la institución, piden al Gobierno entregar una terna y ser ellos quienes decidan, algo a lo que La Moneda no ha mostrado disposición.
La tensa relación se ha complicado aún más luego de que la Convención emitiera una declaración pidiendo celeridad en el debate del proyecto de ley de indulto para los "presos de la revuelta" y la "desmilitarización del Wallmapu", un acuerdo respaldado por dos tercios del órgano y que fue emanado desde el ex Congreso el jueves en la tarde, un hecho que no cayó bien en Moneda.
El debate sobre la independencia
"¿La Convención, como tal, tiene entre su competencia la de emitir pronunciamientos sobre asuntos que están siendo tratados por otros poderes del Estado?", preguntó Agustín Squella (IND-PL) en el debate sobre la declaración acerca de los detenidos por el estallido. "A nosotros no nos gustaría que llegara del Senado o de la Cámara de Diputados alguna petición", dijo.
Su pregunta sintetizó un debate que tuvo lugar durante toda la semana y al que la propia presidenta de la Convención, Elisa Loncon, respondió con su versión: "Intromisión de otros poderes del Estado no hay", dijo. Según un sector dentro de la instancia, lo que se está haciendo al pronunciarse sobre el tema es "profundizar la democracia" y hacer valer la representación otorgada a través del voto por la ciudadanía.
Otros responden que dicho voto se emitió en virtud de un mandato específico —el de redactar una nueva Constitución— y que modificar esas definiciones, más que una muestra de independencia, constituye una transgresión de los límites de los poderes del Estado actualmente constituidos.
La opinión ha sido expresada incluso en el Congreso. "Espero que la Convención (...) tenga respeto por el resto de las instituciones que forman parte de la institucionalidad democrática", dijo la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), el lunes. El líder de la Cámara, Diego Paulsen (RN) la secundó. "Hay márgenes que se están transgrediendo y que nos parecen peligrosos", dijo.
En su declaración, la Convención asegura que "sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo".
La línea entre el FA y el PC
Como entraron a la Convención dentro de una misma lista y el próximo domingo se enfrentarán en una misma primaria presidencial, todo hacía pensar que el Frente Amplio y el Partido Comunista actuarían como un solo bloque. Por eso la sorpresa fue grande cuando la votación por la presidencia de la instancia se empezó a contabilizar.
A mediados de junio, los convencionales del pueblo Mapuche habían emitido una declaración postulando a Elisa Loncon como presidenta, una moción que a los pocos días secundó el Frente Amplio. La coalición sumó, además, la candidatura del abogado constitucionalista Jaime Bassa para ser vicepresidente. Pese a que ambos nombres consiguieron el puesto, la elección no fue fácil.
En una primera votación, Loncon consiguió 58 votos entre ellos casi todos los del Frente Amplio y la totalidad los de la lista del PS. En cambio, no consiguió ningún voto comunista y apenas obtuvo seis de los 27 sufragios de la Lista del Pueblo. Quien se llevó esos votos, que se pensaba que se emitirían en conjunto, fue
Isabel Godoy, constituyente Colla que recolectó entre sus 35 votos a todos los del PC, a 19 de la Lista del Pueblo y a una porción importante de los pueblos originarios distintos del Mapuche.
Para Marco Moreno, decano de la Facultad de Gobierno de la U. Central, lo que se evidenció en esa votación fue una "disputa por la hegemonía de la izquierda" y además cierto resentimiento dentro del pacto electoral por la decisión del FA de apoyar dos candidaturas sin consultar antes con sus compañeros. "El PC tiene siete escaños y el FA veintiuno. El FA está imponiendo su mayoría circunstancial y eso el PC lo resintió", dijo a Emol.
Aunque en una segunda votación los votos del PC y la Lista del Pueblo pasaron a Loncon, para la elección de Bassa el juego de poder se alargó por una tercera ronda. En la primera vuelta hubo una distribución similar de sufragios entre el candidato del Frente Amplio y el de la Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade, la que se mantuvo casi inalterable en la segunda. Solo en una tercera elección Bassa consiguió la mayoría.
Un posible tercio de centroderecha
Además de la votación de la mesa directiva y de su ampliación, la Convención votó por la creación de comisiones y por la declaración acerca de los detenidos. Esas fueron todas las votaciones emitidas durante la primera semana y en la última la aprobación fue por dos tercios.
Con 105 votos a favor, el documento superó el umbral de los 103 sufragios que componen los dos tercios. En consecuencia, el número de convencionales que no apoyó la moción fueron 50, entre quienes se cuentan 34 votos en contra y 10 abstenciones. El resto corresponde a constituyentes que no votaron.
Si bien el detalle de la votación no ha sido publicado todavía en forma de listado en ninguna web, la deliberación se pudo seguir en el Hemiciclo a través de la transmisión oficial. Como era previsible, los 34 votos en contra correspondieron a los representantes de la lista
Vamos por Chile.
Lo que podría revelar la votación es que, más allá de la mayoría convocada, existen 13 personas fuera de los 37 constituyentes de Chile Vamos que tampoco apoyaron la declaración. Para alcanzar un tercio de la asamblea, se requieren 52 votos. De existir concordancia entre esos 50 integrantes de la Convención que no respaldaron el documento, podrían estar cerca de llegar a un tercio que permita cierto poder de negociación en las discusiones venideras.
Entre las abstenciones se cuentan las de Patricio Fernández (IND-PL), Rodrigo Logan (IND) y algunos integrantes de Independientes No Neutrales como Tammy Pustilnick, Javier Fuchslocher y Miguel Ángel Botto. No obstante, no todo el pacto se abstuvo: Benito Baranda, una de sus figuras más reconocidas, aprobó la declaración.
La articulación con otras instituciones
El mismo día en que se conocieron los problemas técnicos en el ex Congreso Nacional que impidieron la realización de la primera sesión de trabajo, las universidades públicas pusieron a disposición sus instalaciones para la Convención.
"A través de una carta a su presidenta, Elisa Loncon, las y los rectores de las universidades públicas hemos puesto a disposición de la Convención Constitucional todas nuestras sedes e infraestructura de Arica a Puerto Williams", informó el rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi.
Al día siguiente, la mesa directiva de la Convención llegó hasta la casa central de la U. de Chile para ver las instalaciones. El plan, dijo Bassa, era reunirse en el ex Congreso el miércoles. "
Pero si no están las condiciones, vamos a sesionar en la U. de Chile. No vamos a permitir que, por errores técnicos entre comillas, la Convención no pueda iniciar su trabajo", dijo.
Si bien finalmente la sesión pudo tener lugar en la sede de Santiago del Parlamento, el ofrecimiento de las universidades marcó un hito. Las instituciones educativas no son las únicas que han prestado colaboración en los albores del funcionamiento del órgano constitucional, sino que han sido varias las organizaciones que se han puesto a disposición de los constituyentes.
La Cámara de Diputados y el Colegio Médico son otras de las entidades que se han acercado a la Convención. El día martes, la mesa directiva se reunió con el Colmed con intención de crear medidas para evitar contagios de covid-19 dentro de la instancia. "Queremos instalar un estándar alto", dijo la presidenta de los convencionales, Elisa Loncon.
