Abbott ante la comisión de Constitución del Senado.
Pantallazo TV Senado
El
fiscal Nacional, Jorge Abbott, expuso ante la
comisión de Constitución del Senado que revisa el proyecto que otorga un indulto a quienes están en prisión preventiva por supuestos delitos cometidos en el marco del estallido social. Ahí insistió en lo "inconveniente" que sería aprobar esta normativa, defendió la herramienta utilizada y criticó lo "impreciso" del texto presentado por un grupo de parlamentarios de oposición.
Respecto de este último punto, el representante del Ministerio Público señaló que los conceptos utilizados en el proyecto no permiten siquiera entregar una cifra de cuántas son las personas que eventualmente podrían verse beneficiadas, pese a los "esfuerzos" que se hicieron por el organismo de determinarlos.
En la sesión de hoy el presidente de la instancia, senador
Pedro Araya (ind/PPD), coincidió con los autores del proyecto (senadores
Juan Ignacio Latorre, Yasna Provoste, Alejandro Navarro y Adriana Muñoz) en que se debe buscar una solución para quienes están en prisión preventiva desde el estallido social, la que según dijo puede ser indulto o amnistía, pero fue enfático en
reconocer que el texto que revisan tiene "inconvenientes" y pidió a sus colegas a limitarse a este proyecto a la hora de hacer sus consideraciones.
"Conceptos indeterminados"
"
Este proyecto de ley tiene conceptos absolutamente indeterminados que hacen imposible establecer con claridad cuáles son las personas que se encuentran en esa situación", dijo en reiteradas ocasiones el fiscal Abbott ante los senadores tras haber revisado la iniciativa, aunque de todos modos "
estamos dispuestos a entregar la información de los casos", enfatizó
.El fiscal Nacional relató que "hemos hecho un esfuerzo importante desde el Ministerio Público para tratar de levantar una información fidedigna, pero en verdad, a raíz de la indeterminación de los conceptos de este proyecto de ley, se nos hace imposible entregar una información exacta".
Por otro lado, a la hora de analizar el fondo, el fiscal
defendió la prisión preventiva como herramienta procesal ejemplificando con el caso de un guardia municipal que en medio de una protesta en 2018 falleció al interior de un edificio en Valparaíso. Según dijo, fueron seis personas las condenadas, pero "desde diciembre desde 2018 cinco de los seis se encuentran con orden de detención porque no han sido ubicadas porque no estaban en prisión preventiva durante el juicio".
"Hemos hecho un esfuerzo importante desde el Ministerio Público para tratar de levantar una información fidedigna, pero en verdad, a raíz de la indeterminación de los conceptos de este proyecto de ley, se nos hace imposible entregar una información exacta"
Fiscal Nacional
"Entonces también hay un contrapunto o necesidad de medidas cautelares que hay que tener presente", reflexionó Abbott quien además explicó que "el aumento de las prisiones preventivas tiene que ver con modificaciones legales que ha hecho el propio congreso en el último tiempo y que han modificado la norma original del Código Procesal Penal. En ellos se establecen algunos tipos de delitos que deben cumplirse, parte de ellos, en forma efectiva".
Asimismo recordó que desde un principio
"hemos manifestado nuestra opinión general de la inconveniencia de un proyecto de ley de este tipo en los términos que está referido: normalizar la violencia es un problema para la convivencia futura".Un caso y limitarse al proyecto presentado
Durante el análisis, uno de los autores, el senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre ejemplificó con un caso que para él sustenta la tramitación de esta iniciativa. A su parecer es necesario "buscar una salida excepcional, en un momento político excepcional, que ha vivido nuestro país, no estamos hablando de algo que hay que hacerlo siempre".
"La semana pasada visité a una persona en la cárcel de Limache, una persona sorda además, el señor Corvalán. Trabajador de Quilpué que está acusado por un delito grave, que duda cabe, que es el incendio de la Municipalidad de Quilpué en el contexto del estallido social. 15 meses lleva en prisión preventiva, las pruebas que hay, e invito a la Fiscalía a revisar, es una grabación donde esta persona estaba sacando (plata) en un cajero automático cerca del contexto de la protesta. Esa es la prueba y hay algunos testimonios de personas que lo vieron ahí. ¿Él es responsable de eso? No lo sé, tendrá que ver la justicia, pero lleva 15 meses en prisión preventiva una persona sorda, trabajador de la construcción, sin antecedentes penales, tiene dos hijos, no es militante de ningún partido o colectivo, se sabe su domicilio, no es una persona que se va a escapar del país", contó.
Y luego el senador Latorre consultó: "entonces la pregunta es si se está usando la prisión preventiva para dar la señal de castigo. Pongo el símil de que no tenemos a nadie en prisión preventiva por violación de Derechos Humanos".
Tras escuchar a ambos - y a los demás invitados y parlamentarios integrantes de la comisión- tomó la palabra el senador Araya quien reconoció falencias del proyecto aunque recalcó que se puede buscar "una salida".
"Habiendo un componente social al cual nosotros no nos podemos negar, siempre el poder político puede buscar una salida distinta a los conflictos sociales y a los jurisdiccionales (...). Después vamos a discutir si esto es un indulto o una amnistía", sostuvo.
En ese sentido indicó que "creo que nosotros tenemos que pronunciarnos respecto de un proyecto concreto que le llegó a la comisión y que a mí juicio tiene una serie de inconvenientes de carácter práctico".
