Durante este martes, el Defensor Nacional (S), Marco Montero, expuso ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en medio de la discusión del proyecto de ley que busca conceder un indulto general por razones humanitarias a los denominados "presos de la revuelta".
En la instancia, junto con destacar la relevancia del proyecto de ley, el Defensor Nacional recordó que la problemática generada por el uso excesivo de la prisión preventiva "es una temática que nuestra institución ha advertido durante años".
"La institución ha puesto el acento en la necesidad de avanzar en una revisión exhaustiva de esta medida cautelar, buscando mejorar su definición y sus aplicaciones para ajustarla a los estándares que fijan distintos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que nuestro país ha suscrito voluntariamente y de buena fe, particularmente respecto de plazos razonable y consideraciones del debido proceso", señaló.
En ese contexto, expuso cifras relativas al total de prisiones preventivas decretadas en 2019 y 2020 y las contrastó con el número de absoluciones y de condenas a penas no privativas de libertad de quienes fueron afectados con esta medida cautelar.
"Sólo el 33,4 de las causas terminadas en 2019 que involucraron prisión preventiva o internación provisoria lo hicieron mediante una condena privativa de libertad, lo que significa que en 18 mil 58 causas el afectado estuvo inmerecidamente en prisión preventiva, porque su condena permitía cumplimiento en libertad o porque, simplemente, no era responsable de la imputación", manifestó.
Asimismo, agregó que del total de causas terminadas en 2020, hubo 20 mil 914 en que las personas imputadas debieron cumplir prisión preventiva o internación provisoria y que, de este total, en el 70,6 por ciento de los casos el término de la causa fue por sentencia no privativa de libertad, "lo que significa que este índice creció 4 puntos porcentuales en un año".
Corte Suprema e informes a la instancia"
Fue en este mismo contexto en que la instancia parlamentaria solicitó a la Corte Suprema la entrega de un informe "complementario" a la discusión del proyecto, con el fin de conocer "cifras de ingresos y términos de casos, número de personas en prisión preventiva, entre otros antecedentes estadísticos".
Sin embargo, el pleno determinó que al no haber "nuevos elementos" que permitieran complementar su respuesta previa, "no es posible acceder a lo solicitado".
Sin embargo, desde el Máximo Tribunal sí optaron por entregar a la comisión detalles estadísticos sobre las causas iniciadas en los años 2019, 2020 y 2021, considerando variados ítems, como delitos contra la seguridad del estado, retenciones o toma de control de vehículo de transporte público de pasajeros, homicidios, desórdenes, daños de diversa consideración, robos, entre otros.
