Diez votaciones tuvieron que realizarse para escoger a los coordinadores de la comisión de Reglamento de la Convención Constitucional, luego de las dificultades que evidenciaron los distintos bloques políticos para concordar el nombre de uno de los líderes de la instancia que elaborará una propuesta de normativa para el órgano.
La primera en lograr la mayoría necesaria para encabezar la instancia fue la postulante del Frente Amplio, Amaya Alvez, quien la obtuvo en la segunda oportunidad. Luego fue el turno del convencional de la Lista del Pueblo, David Bravo, quien se impuso después de sucesivos intentos con el respaldo de las fuerzas de izquierda y pueblos originarios.
Entre ambos hay varias similitudes. De partida,
los dos representan a regiones: Mientras Alvez fue con 18.459 votos la primera mayoría del distrito 20, que incluye a comunas como Concepción, Talcahuano y Chiguayante, entre otras, Bravo fue electo con 11.069 sufragios por el distrito 5 de la Región de Coquimbo.
Asimismo, son abogados y profesores universitarios. La frenteamplista y militante de RD es constitucionalista y académica de la Universidad de Concepción. Es doctora en Derecho de la U. de York en Canadá y se ha especializado también en temas de DD.HH., pueblos originarios y derechos de la mujer.
En tanto, Bravo, de 39 años, es abogado de la Universidad Católica del Norte y docente desde hace más de una década. Hoy es profesor asistente en la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central en la Región de Coquimbo y ejerce libremente la profesión en materias civiles y de familia.
Luego de ser electos, también han ejercido cierto liderazgo dentro de sus bloques, ya que desde un comienzo fueron mencionados como cartas para ocupar cargos clave en la Convención. Alvez fue uno de los nombres del FA para presidirla y Bravo incluso obtuvo un voto en la primera elección que terminó con Elisa Loncon como ganadora.
Sus definiciones
Antes de asumir en sus cargos, tanto Alvez como Bravo dieron a conocer algunas de sus posturas a través de los medios de comunicación. En el caso de la representante por el Biobío, ha destacado por sus posturas a favor de la paridad de género y la descentralización, abogando por la posibilidad de sesionar en regiones.
"Históricamente han sido los hombres los que han redactado las constituciones, su perspectiva ha quedado plasmada en ellas y es una mirada del mundo que ha ocupado un lugar predominante en la toma de decisiones y en la estructura de la sociedad. Por tanto, me parece que la paridad no hay que entenderla solo en términos binarios", ha dicho.
En cuanto al regionalismo, ha planteado la necesidad de
estudiar un Estado regional y federal: "Habrá que decidir hacia cual avanzar y señalar cómo, porque tampoco creo que la actual división de regiones haga mucho sentido. Las 16 regiones actuales fueron creadas los 70 y no obedecen a lo que históricamente son las regiones".
"Estoy por la configuración de Chile como un Estado regional y plurinacional. En cuanto al modelo de derechos, soy partidaria de un Estado social, que reconozca y garantice derechos sociales, con mecanismos de exigibilidad judicial que los protejan, pero también con claros mandatos al legislador respecto de su implementación", añadió.
Asimismo, ha defendido la necesidad de respetar el quórum de 2/3, señalando que "a mí me parece que el quórum de los 2/3 ya fue establecido como el quórum de aprobación de las normas de la nueva Constitución, norma por norma, por lo tanto, cuando se vote en el plenario la aprobación de una norma constitucional, debiéramos respetar lo que ya se estableció desde hace mucho tiempo de los 2/3".
No obstante, ha recalcado que "ello no obsta a que haya otras formas de votación, por ejemplo, el trabajo en comisiones o haya formas de resolver las controversias que pudieran producirse al interior del trabajo de la convención constitucional. O que haya formas de vincular directamente a la ciudadanía en el trabajo de la convención constitucional".
En el caso de Bravo, una de sus frases de campaña fue "porque Santiago no es Chile", destacando en diversas oportunidades que si tuviera que priorizar dos temas en la Convención "sería la
autonomía regional o descentralización efectiva (Estado regional) y el
Estado Solidario (garante de los derechos sociales)".
Otros temas que ha propuesto son otorgar autonomía política, administrativa y económica a las regiones, el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, la instauración de un Estado solidario, preocupado por el medio ambiente y con reconocimiento del derecho humano al agua, entre otras medidas.
Asimismo, ha sostenido que la presidencia de la Convención Constitucional debiera ser rotativa, representativa y plural. De hecho, su candidata inicial para abrir el proceso fue la científica Cristina Dorador, por su condición de mujer, independiente y de regiones.
También ha abogado por un cambio al modelo económico. "En el actual contexto debemos repensar el modelo, superando los enclaves neoliberales que tiene nuestra actual Constitución. Requerimos de un cambio de paradigma que nos permita enfrentar adecuadamente la crisis climática, la crisis sanitaria y social", ha indicado.
"En general, proponemos el cambio desde un Estado Subsidiario hacia un modelo de Estado Solidario, que procure el bienestar colectivo de la comunidad a través de la búsqueda de una sociedad más equitativa, que permita a la población desarrollarse en todas las dimensiones de forma integral", sostuvo.
Otra de sus preocupaciones es "recuperar y proteger los recursos naturales estratégicos a beneficio del país, su industrialización sustentable y la diversificación de la matriz productiva. Asimismo, reconocer y garantizar el derecho humano al agua, y asegurar su justa distribución, un acceso efectivo al agua potable”.
