El ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado.
El Mercurio (archivo)
De manera virtual se realizó ayer la primera reunión de la mesa de trabajo para avanzar en los temas de seguridad de funcionarios y jueces del Tribunal Oral en lo Penal, Juzgado de Letras y Juzgado de Garanía de Cañete y evaluar la posibilidad de entregar un bono de asignación por trabajos en zona de riesgo, además de contratar póliza de seguros de vida y patrimonio (vehículo y vivienda), durante el desempeño de las funciones.
La reunión estuvo dirigida por el ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado -que es el visitador de esta zona e hizo un informe sobre la situación-, y en ella participaron la presidenta de la Corte de Apelaciones de Concepción, Matilde Esquerré, además de representantes de la PDI y de Carabineros.
El magistrado Prado, en conversación con "El Mercurio", sostuvo que la decisión de mantener el trabajo telemático, como regla general, en todos los tribunales de la zona afectada, "es indefinida". En ese sentido, defendió la medida adoptada ante las críticas del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. "Hay incomprensión porque con el teletrabajo se está asegurando la continuidad de nuestras funciones; el trabajo remoto es muy dedicado también y esta es una manera efectiva de cumplir nuestra labor. El Gobierno sabe que nos sacamos la mugre trabajando. Necesitamos trabajar sin miedo", afirmó.
Y agregó: "Necesitamos que el Gobierno colabore para asegurar la continuidad de nuestras funciones, y la integridad de las personas que trabajan en los tribunales. El Gobierno tiene que otorgar la seguridad para que el Poder Judicial pueda cumplir su labor".
Revise más sobre esta entrevista en la nueva edición de
El Mercurio.
