En cierta forma, todo podría podría vincularse a lo que pasó en la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral a fines de 2017, cuando se conoció que se estaba realizando un sumario a un académico del plantel por acoso sexual. El nombre de ese docente en la planilla de resultados de los Fondecyt Regular 2018 fue lo que llevó a la Asociación Red de Investigadoras (RedI) a publicar una carta llamada "Conicyt: ¡Basta de financiar abusadores y acosadores!".
El mismo profesor fue el que motivó que las alumnas de la casa de estudios se tomaran la universidad, en abril de 2018, pidiendo que se le desvinculara. Esa primera toma es señalada hoy como el germen del "mayo feminista" que se gestó ese año y que llegó a paralizar 32 universidades, congregando a miles de mujeres en las calles de las distintas ciudades del país.
Fueron las demandas de las estudiantes alzadas en esas protestas y el trabajo organizado de las académicas de la RedI las que convergieron en un único proyecto de ley que fue aprobado por el Senado este jueves, quedando listo para su promulgación. Se trata de una cristalización legal de los tópicos que acapararon la discusión pública durante esos meses: el acoso sexual, la violencia y la discriminación por género en los espacios educativos.
La ley promueve "políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual".
Fusión de tres mociones hechas por distintos senadores y senadoras, empezó a tramitarse el 16 de mayo de 2018, cuando el movimiento feminista estaba en pleno auge. La iniciativa se aprobó con 26 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. Durante este tiempo, quienes levantaron la demanda han seguido de cerca el avance del proyecto y hoy evalúan como un hito la aprobación de la ley.
Una responsabilidad colectiva
Cuando conocieron las denuncias en contra del docente de la U. Austral, las académicas se propusieron ayudar a robustecer el caso y quisieron recolectar más testimonios de mujeres afectadas por el profesor. Descubrieron, sin demasiada sorpresa, que había más. "Empezaron a llegar nuevos casos, pero no teníamos la capacidad para dar abasto con lo que se necesitaba", dice a Emol Adriana Bastías, presidenta de la Red de Investigadoras.
"Una ley sin duda cumple mejor con entregar la misión de protección general, porque ya no es una asociación pequeña la que trata de cumplir con los requerimientos que llegan. Pasa de ser una responsabilidad individual a una responsabilidad colectiva: son las instituciones las responsables de no tener dentro de su plantel a personas que acosan y que son violentas con otras. La ley nos da una garantía mayor de ser un aporte para el cambio cultural que Chile necesita", dice.
"Una ley sin duda cumple mejor con entregar la misión de protección general, porque ya no es una asociación la que trata de cumplir con los requerimientos que llegan. Pasa de ser una responsabilidad individual a una responsabilidad colectiva"
Adriana Bastías
Lo que se logró el jueves no es lo que tenía en mente Bastías cuando llegó por primera vez al Congreso para hablar de este tema. En ese momento, el foco de la agrupación estaba puesto en el acoso sexual y en el financiamiento público para personas denunciadas por estos motivos. Habían descubierto, además, un vacío legal: quienes no tenían contrato en las universidades no tenían "ningún paraguas legal" frente al acoso sexual.
Cuando llegó el mayo feminista, el trabajo de la RedI ya llevaba cierto avance: habían hablado con una muestra transversal de parlamentarios para explicarles la urgencia de abordar este tema. Una de las primeras en recibirlas fue Ximena Órdenes (IND), con quien se toparon por casualidad. "Ella tuvo muy buena disposición para empezar a trabajar con el proyecto y ahí comenzamos a reunirnos con asesores para fortalecer la idea", cuenta Bastías.
"Al principio ellas me plantearon abordar el tema de las brechas de género en el ámbito académico además de las situaciones de acoso", recuerda la senadora en conversación con Emol. "Comenzamos a trabajar con la RedI para poder plantear una moción parlamentaria que abordara la situación de acoso sexual en el ámbito académico y logramos presentar un proyecto de ley", dice. Además de la suya, el documento contaba con las firmas de Yasna Provoste (DC), Carlos Montes (PS), Ena Von Baer (UDI) e Isabel Allende (PS).
Un punto de inflexión
La iniciativa comenzó su recorrido por el Congreso en la comisión de Educación del Senado que presidía Provoste. Hasta allí llegaron diversas organizaciones feministas a exponer sus puntos de vista, así como rectores y representantes de instituciones de educación superior. El proyecto pasó a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se revisó una vez en la comisión de Educación y después se congeló.
"No hubo caso que avanzara, simplemente no estaba en tabla", recuerda Bastías. Eso hasta que se pidió su traslado desde la comisión de Mujer y Equidad de Género, que estaba a cargo de Camila Vallejo (PC), donde el proyecto, concuerdan diversas voces, "se fortaleció": se integra la discriminación y la violencia de género.
"Con el movimiento feminista hubo una inflexión, se está apuntando a un cambio cultural y lo que se quiere cambiar efectivamente es una cultura patriarcal que está en la base de la desigualdad y la discriminación"
Ximena Órdenes
La norma tiene dos ejes identitarios. El primero, que era fundamental para las académicas, es que amarra el financiamiento institucional: los planteles que no adopten la política establecida en la norma no pueden acceder ni obtener acreditación. "Era la única forma de que efectivamente las universidades tomaran en serio el tema y actuaran. Si lo atábamos a financiamiento, era más posible que lo cumplieran", dice Bastías.
Lo segundo es que establece márgenes mínimos para elaborar una política en materia de acoso sexual, violencia y discriminación por género, pero deja la responsabilidad de su redacción a toda la comunidad universitaria —o de la institución superior que corresponda, incluyendo centros de formación técnica y escuelas matrices de las FF.AA.—, representando equilibradamente a todos los estamentos e incluyendo al estudiantado. Establece, además, que se debe evitar la "exposición reiterada e injustificada" de quienes denuncian. La demanda de las universitarias llegó a la letra de la ley.
"Esta nueva generación de mujeres lo que pusieron en agenda fueron varias consignas: fin al patriarcado, fin a la violencia y educación no sexista. Por eso no es casual que el movimiento haya partido en universidades y que haya aparecido el tema del acoso sexual en el ámbito académico", dice Órdenes. "Con el movimiento feminista hubo una inflexión: se está apuntando a un cambio cultural y lo que se quiere cambiar efectivamente es una cultura patriarcal que está en la base de la desigualdad y la discriminación".
