Juan Antonio Peribonio, presidente del CDE.
El Mercurio (archivo)
El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE),
Juan Antonio Peribonio, comentó la decisión del organismo de presentar una querella contra el ex director general de la PDI,
Héctor Espinosa, y contra todos quienes resulten responsables, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.
Según explicó, la acción se llevará a cabo luego de conocer los detalles de la indagatoria que está dirigiendo Fiscalía.
"Tras estudiar los antecedentes de la investigación penal llevadas a cabo por el Ministerio Público y cumpliendo con nuestro mandato legal, el órgano colegiado del Consejo de Defensa del Estado adoptó la decisión de presentar en los próximos días una querella contra el ex director general de la PDI y contra aquellos que resulten responsables por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos", manifestó Peribonio.
El presidente del CDE puntualizó que "nuestra acción se sustenta en los antecedentes obtenidos en la indagatoria penal, con el propósito de establecer responsabilidades por la eventual sustracción de fondos reservados de la institución y la falsificación de documentos con los que se pretendía rendir cuenta de estos".
"Valoramos la colaboración que el actual director general de la PDI nos ha manifestado, así como su completa disposición para aportar con todos los antecedentes que tenga esa institución en relación a esos mismos hechos y que puedan ser útiles para la investigación penal del Ministerio Público", complementó.
Por su parte, el actual director general de la PDI, Sergio Muñoz, reiteró la disposición de la institución de colaborar con la investigación "y con todos los organismos públicos que requieran información o antecedentes de nuestra parte. Como Policía de Investigaciones somos defensores y creemos absolutamente en la institucionalidad, independiente de cualquier consideración".
No obstante, subrayó que "como organismo del Estado defendemos con firmeza uno de los principios esenciales de la democracia, como es la presunción de inocencia, que va de la mano con el derecho que posee cualquier persona en orden a no ser considerada culpable mientras no exista un sentencia en su contra, y que no pueda ser objeto de recursos posteriores".
