El ministro Figueroa participó de la sesión.
Aton
Cinco horas y media después de su inicio, tras haber escuchado a la parte acusadora representada por la diputada Camila Rojas (Comunes) y al abogado Jorge Gálvez, defensor del ministro de Educación, Raúl Figueroa,
la Cámara de Diputados rechazó el libelo en contra del secretario de Estado.La acción requería que la mayoría de los 147 presentes la respaldaran, sin embargo, solo lo hicieron 71, mientras que 76 la rechazaron. Entre estos estuvieron
Pedro Velásquez, Carlos Jarpa, Pablo Lorenzini y Pepe Auth, todos de oposición, pero miembros de la bancada de independientes.
En tanto, en la
DC, partido que ha sido clave para rechazar otras acusaciones contra ministros de este Gobierno, en su mayoría se inclinaron por respaldar el líbelo, menos
Matías Walker.
Desde la Corporación informaron que a los diputados
Raúl Soto (jefe de bancada PPD), Esteban Velásquez (FRVS), y Frank Sauerbaum (RN) les falló el sistema telemático y
sus respectivos votos quedaron el acta, aunque éstos no alteran el resultado. Los dos primeros lo hicieron a favor y el oficialista en contra.
Importante también fueron aquellos parlamentarios que no votaron, ese es el caso de
Fernando Meza (PR), quien solicitó permiso sin goce de sueldo "por motivos personales familiares" para dirigirse a Centroamérica y el el único que presentó una justificación. Tampoco votó el
DC Manuel Matta ni el socialista Luis Rocaffull y con ellos se ausentó la
PPD, Patricia Rubio. Por otro lado, se
inhabilitó el diputado Jaime Tohá (PS), cuyo hijo es el director de la Junaeb.
Esto pese a que el documento contaba con firmas de respaldos de todos los sectores de la oposición, además de Rojas, la impulsaron Camila Vallejo (PC), Cristina Girardi (PPD), Marcela Hernando (PR), Pamela Jiles (PH) y los legisladores Mario Venegas (DC), Juan Santana (PS), Gonzalo Winter (CS), Rodrigo González (PPD), Tomás Hirsch (ind), Marcelo Schilling (PS) y Esteban Velásquez (FRVS).
En el texto de tres capítulos, se le acusaba al titular del Mineduc por una eventual infracción a la Constitución y las leyes respecto a la regulación y financiamiento del sistema educativo, también una supuesta infracción a las leyes que vulneran a las y los trabajadores de la educación, y el último referido a la amenaza a la vida, a la integridad física y psíquica, todo esto a raíz de la pandemia del covid-19.
