"Es nuestra intención demandar civilmente a los querellados, solicitando, oportunamente, las indemnizaciones que en tal momento nos parezcan adecuadas", informa el Consejo de Defensa del Estado (CDE) al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, luego que esta semana se querellara y, con ello, se hiciera parte en la causa contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, su cónyuge y un funcionario de la institución.
Al mismo tribunal y hace pocos días, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, le había comunicado que formalizaría a los imputados por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de dinero, ocurridos entre 2015 y marzo de 2017.
La acción penal del CDE sostiene: "Claramente mediante su sustracción, estos (dineros) fueron destinados a fines no previstos por el legislador, como pagos o depósitos en efectivo a funcionarios públicos. De este modo, se causó un perjuicio al erario fiscal de, a lo menos, $140.000.000, monto al cual ascienden los depósitos en efectivo hasta la fecha acreditados".
Interrumpir prescripción de acciones civiles
El consejo, además, consigna que es su "ánimo interrumpir la prescripción de las acciones civiles pertinentes" y, agrega el organismo de defensa estatal, "deseamos también, preparar la demanda civil, para lo cual, en cuanto puedan ser útiles a estos fines, solicitamos al Ministerio Público la práctica de las siguientes diligencias".
Entre otras cosas, el organismo pide al fiscal Campos que "oficie al Conservador de Bienes Raíces de Santiago y San Miguel para que informe si los querellados registran inscripciones de inmuebles y en caso afirmativo remitir dichas inscripciones con certificado de vigencia, prohibición y gravámenes".
Tras las sociedades y otras cuentas bancarias
También que "despache orden de investigar para determinar la existencia de todas las sociedades en las que tengan participación o aportes los querellados o sus cónyuges". Y que "oficie a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras para que informe en cuales de estas entidades los querellados mantienen cuentas corrientes o depósitos de dinero, u otros productos bancarios".
El CDE además solicita oficiar a la Superintendencia de Valores y Seguros para que "requiera a las administradoras de fondos mutuos, le informen si los querellados mantienen, en alguno de ellos, dichos valores"; y al Conservador de Comercio de Santiago y Concepción para que indique “si existen inscripciones de sociedades mercantiles, cualquiera sea su naturaleza, en que los querellados tengan la calidad de socios o directores".
Quienes conocen la investigación explican que todo esto se realiza adelantándose a futuras acciones legales para la recuperación de los eventuales bienes malversados en este caso, pero que no es una demanda que se interpondrá a la brevedad.
Citaciones a analistas bancarios y a gabinete de exdirector
Junto con todas estas pesquisas, el consejo pide una serie de citaciones a declarar. Como testigos, por ejemplo, pide que se interrogue a dos "analistas de la gerencia de prevención de lavado de activos", así como al "gerente de prevención de lavado de activos, todos empleados a la época de los hechos del Banco de Chile, a fin que se refieran al procedimiento adoptado por el banco ante alertas de operaciones sospechosa por lavado de activos (...) vinculadas al cliente Héctor Espinosa".
"Se sirva —solicita, además, el organismo— tomar declaración, en calidad de testigos, a los funcionarios que se desempeñaron en el gabinete del director general de la PDI, entre los años 2015 y 2018, ambos inclusive, que se individualizan en el oficio Secreto N° 06, del director general de la PDI, Sergio Muñoz Yáñez, de 20.07.2021, a fin que se refieran a sus funciones, intervención en proceso de solicitud, cobro mensual y/o entrega de gastos reservados".
