Los abogados de Marco Enríquez-Ominami presentaron un escrito para que se decreten "multas y arrestos contra el director del Servicio Electoral, Raúl García" debido a que "se negó a cumplir con lo ordenado por S.S Exma., señalando que solo podría dar cumplimiento a la orden a partir del mes siguiente a la elección, privando, en consecuencia, a nuestro representado de su derecho a sufragio".
Los derechos como ciudadano fueron suspendido para el político y su ex asesor, Cristián Warner, porque enfrentan una acusación en el caso SQM, en preparación de juicio oral, por delitos que merecen pena aflictiva.
Tras la resolución de la magistratura, el director del Servel había respondido, mediante un oficio: "El padrón electoral de carácter auditado y las nóminas auditadas de inhabilitados se determinarán 90 días antes de una elección"
